La Fiscalía pide 14.000 € a un coronel jubilado por un artículo sobre Iglesias cuando era vicepresidente

La Fiscalía, cuya máxima dirigente es la ex ministra socialista Dolores Delgado, solicita condenar al coronel de Infantería jubilado y ex agente del CESID – ahora Centro Nacional de Inteligencia–, Diego Camacho, a pagar 14.000 euros por un artículo publicado sobre Pablo Iglesias, siendo este vicepresidente segundo del Gobierno.

Camacho, de 76 años, es coronel del Ejército jubilado desde hace 11 años y especialista en Inteligencia, campo en el que desarrolló su carrera profesional. El pasado 15 mayo de 2020 escribió un artículo en El Correo de España sobre las relaciones del ex líder de Podemos. En la publicación, el militar realiza un análisis sobre una información publicada previamente por el periodista colombiano Herbin Hoyos.

En la cita incluida por Camacho, el corresponsal de guerra latinoamericano señaló en una entrevista «las andanzas de Iglesias, Juan Carlos Monedero y José Luis Rodríguez Zapatero con Venezuela y Hezbollah. La peripecia venezolana se inició en 2005, al lograr que Hugo Chávez financiara el proyecto de implantar el comunismo en la Unión Europea, partiendo de España. La vinculación continuó con Nicolás Maduro y desde entonces los tres políticos han cobrado dinero procedente de desfalcos y del narco venezolano». El militar jubilado se hizo eco en su columna de opinión de estas afirmaciones vertidas por el periodista colombiano.

«Sostiene Hoyos que el fiscal general de los EEUU, William Barr, tiene los contactos de los tres por Iberoamérica y conoce los pasaportes falsos que Iglesias iba a proporcionar a Delcy Rodríguez y proporcionó a los terroristas de Hezbollah, que desde España llegaron a Venezuela. También conoce la relación especial de Iglesias con el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, y el papel jugado por el líder de Podemos en la huida de Pablo Romero, jefe de Inteligencia con Correa, y reclamado por la Interpol», subrayó Camacho en su publicación.

El militar no asegura que tales informaciones sean ciertas, sino que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a investigarlas. «El Ejecutivo tiene el deber inexcusable de comprobar todo el material informativo que han proporcionado los medios de comunicación implicando a tres personas, uno de ellos vicepresidente del Gobierno (Iglesias). Las vinculaciones con el narcotráfico, el terrorismo y los intereses marroquíes de un miembro del Consejo de Ministros, afectan gravemente la seguridad nacional, e inciden negativamente en la eficacia e imagen del ministerio de Defensa y del CNI, instituciones encargadas de protegerla», recalcó el coronel en su publicación.

El coronel acusado

Esta publicación, en la que se recogen afirmaciones de ese periodista colombiano, ha sido suficiente para que el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid haya procesado al coronel por presuntos delitos de injurias y calumnias. La titular de este Juzgado, la magistrada Luisa María Prieto, fue quien decidió dar carpetazo a la investigación a Iglesias por apropiarse y cobrar las costas procesales de un procedimiento en el que había sido defendido por una abogada a sueldo de Podemos. Esta causa contra el entonces líder podemita fue abierta a raíz de las declaraciones de la abogada purgada Mónica Carmona.

Del mismo modo, la Fiscalía de Delgado también ha decidido acusar a este militar para el que pide una pena de 20 meses de multa, con una cuota diaria de 20 euros, por un presunto delito continuado de calumnias con publicidad; o alternativamente, por un delito continuado de injurias con publicidad a una pena de 12 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros. Además, el Ministerio Público solicita que se condene a este militar jubilado a indemnizar a Pablo Iglesias con 2.000 euros.

«Un aviso a navegantes»

Esta querella fue interpuesta tras publicarse un chat de WhatsApp en el que un grupo de militares retirados hablaban, entre otros asuntos, de «fusilar a 26 millones de hijos de puta». Un asunto que fue archivado por la Fiscalía Provincial de Madrid al no apreciar que las conductas constituyesen un delito de odio, ya que fueron simples comentarios en un entorno privado.

El coronel entiende que la querella por calumnias e injurias graves es una especie de «aviso a navegantes» muy claro para sus compañeros de armas.