La Fiscalía pedirá al Supremo nuevas imputaciones y diligencias de investigación antes del 21-D

La Fiscalía pedirá «nuevas imputaciones y una batería de diligencias de investigación» al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, antes de las elecciones autonómicas catalanas del 21 de diciembre.

El Ministerio Público estudia desde hace semanas a fondo las causas relacionadas con el golpismo catalán remitidas por la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, TSJC, y otros Juzgados de Instrucción para impulsar la investigación que encabeza el magistrado de la Sala Segunda del Supremo.

Las fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que la Fiscalía pedirá «nuevas imputaciones y nuevas diligencias de prueba» tras estudiar los informes remitidos en las últimas semanas. De esta forma, se solicitarán «declaraciones nuevas, así como la incorporación de pruebas y evidencias que estén en otros Juzgados o en otras causas». 

En este contexto, resultará fundamental el informe de la Guardia Civil que investigaba el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona que señalaba la responsabilidad directa de la dirigente de ERC, Marta Rovira, como la máxima responsable de la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre.

En esta nueva tanda de imputaciones que solicitará la Fiscalía antes de las navidades también se podrían encontrar las dirigentes de la CUP, Anna Gabriel y Mireia Boya, así como la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, AMI, Neus Lloveras. Todas ellas integraban el denominado ‘comité de estrategia’ para conseguir la proclamación de la república independiente de Cataluña.

Posteriormente, el juez instructor del Supremo, Pablo Llarena, deberá atender dichas peticiones del Ministerio Público y decidir si las acepta y las lleva a cabo antes o después de las elecciones autonómicas del 21-D.

En este contexto, OKDIARIO ya ha desgranado gran parte del informe de la Guardia Civil que investigaba el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona. Los agentes disponen de información que demuestra que parte de los gastos del referéndum ilegal del 1-O se camuflaron bajo partidas del Departamento de Bienestar de la Generalitat.

Las investigaciones realizadas avalan así que parte del desarrollo de los sistemas informáticos necesarios para poder llevar a cabo la votación y recuento del día 1 de octubre se desarrollaron dentro del denominado departamento de Agencia de Protección Social.

Además, la documentación en poder de la Guardia Civil demuestra que los separatistas se prepararon para sortear lo que denominaron como “asfixia económica y judicial” y establecieron una hoja de ruta para la creación de una ‘república catalana’ independiente en el año 2022.

Las órdenes internacionales retiradas

Este martes, el juez del Supremo acordaba retirar las órdenes internacionales de detención dictadas en noviembre por la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, contra Carles Puigdemont, y los exconsellers Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí.

El objetivo del magistrado es evitar que las acusaciones contra Puigdemont “se limiten al delito de malversación y no a los de rebelión y sedición por los que se les quiere juzgar en España”. “Previsiblemente, la justicia belga iba a entregar al expresidente y a los otros miembros del Govern cesados por el delito de malversación y se limitarían las imputaciones contra ellos en el proceso”.

No obstante, la orden de detención nacional contra Puigdemont dictada también por la juez Lamela sigue vigente y en el momento en el que pise territorio español será arrestado.

Este hecho impediría que el expresidente catalán pudiera asistir a su toma de posesión en el Parlamento regional, tras las elecciones autonómicas catalanas del 21-D, ya que de hacerlo, sería detenido inmediatamente.