Fiscalía mantiene la petición de 9 años para Alperi

Fiscalía y Abogacía del Estado Tributaria, han elevado a definitivos los escritos de calificación y mantienen la petición de nueve años de prisión para el exalcalde ‘popular’ de Alicante, Luis Díaz Alperi, por tres delitos contra la Hacienda Pública por presunto fraude fiscal en los años 2007, 2008 y 2010. Además, por cohecho se enfrenta a otros nueve meses de prisión al no pagar el amarre de su catamarán en las instalaciones de la Marina Deportiva del Puerto de Alicante de 2008 a 2013.

Por su parte, la defensa de Alperi reclama su absolución y ha avanzado que pedirá la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas en caso de haber condena.

Para los otros tres encausados, las acusaciones solicitan tres años para el empresario Antonio Moreno y seis para Antonio Solana. Para Javier Palacio, gerente de la Marina del Puerto de Alicante, le reclaman 9 meses de prisión.

Tras nueve sesiones celebradas en el Juzgado de lo Penal 6 de Alicante, por las que han pasado 43 testigos y cuatro peritos, para el fiscal ha quedado probado que las tres operaciones investigadas tendrían que haber figurado como ganancia patrimonial y, por tanto, deberían haber sido ser objeto de tributación.

En 2008, el empresario Antonio Moreno avaló al exalcalde de Alicante un préstamo de 942.687 euros para el pago de una multa de la Agencia Tributaria que «ni se pretendía pagar, ni se plantaba cobrar», lo que podría traducirse en una condonación de la deuda. Inciden en las condiciones «inmejorables» de este aval en el que no se estipula ningún tipo de interés, ni garantía, a cambio, indiciariamente de que el alcalde le facilitara los contactos para introducirse en los negocios inmobiliarios y comerciales de la ciudad.

Asumen las tesis de los peritos de la Agencia Tributaria que han asegurado en el transcurso de este juicio que se trató de una operación de apariencia «totalmente simulada», que supuso una «ganancia patrimonial» de 1.004.878 de euros y que Alperi tendría que haber abonado 405.351 en concepto de IRPF, y solo declaró 113.250.

Además, según las acusaciones, a lo largo de los años no ha habido intención de asumir los pagos de la deuda. Por último, reiteran que no puede calificarse de donación ya que a Díaz Alperi y a Moreno, no les une relación de parentesco, amistad o actividad no lucrativa y, tampoco se tributó como tal.

También califican de «simulada» la compra del barco en 2008 — 850.000 euros — a través de la sociedad Andarx Business SL., al 50% entre el empresario Antonio Solana – aportó casi 530.000 euros – y el propio alcalde, e inciden en las conclusiones en que, de los 187.000 euros aportados por Alperi para la compra de su parte, 37.000 son «en negro, fondos ocultos», ha dicho el fiscal, «ante la imposibilidad de acreditar su procedencia».

Por esta operación, la Hacienda Pública confirma un impago 144.862 euros en concepto de regularización. Además, ha quedado acreditado, según las acusaciones, que el uso mayoritario de la embarcación la hizo el exalcalde – 133 veces por nueve en 2008; Solana navegó seis en 2010 y no navegó ni un solo día en 2011 -.

Por último, ha quedado probado también, para ambas acusaciones, que en 2010 se simuló la realización de diversas operaciones de compraventa de la sociedad Andarx Business SL., entre los dos socios Antonio Solana y Díaz Alperi, lo que permitió que el exalcalde se quedara con la embarcación y que se facturaran ingresos derivados de la actividad de asesoramiento, lo que le habría supuesto ingresos no declarados de 308.209 euros, empresa a la que, también, endosaron «gasto prohibidos» de la embarcación. En este caso, se le acusa de un fraude a Hacienda de 132.468 euros.

«A VER LO QUE SE ENCONTRABA»

Por su parte, la defensa de Díaz Alperi ha asegurado en sus conclusiones que a su cliente se le investigó «para ver lo que se encontraba» y ha argumentado que en la operación del aval quien ha resultado beneficiada es la Agencia Tributaria, «ya que con el préstamo se paga una deuda que se tenía con Hacienda».

Niega que fuera una operación simulada y que esta supusiera un incremento patrimonial para su defendido, ya que al extinguir Taller de Contabilidad la deuda con la ATE, la mercantil se convierte en acreedora de Luis Díaz Alperi que sigue debiendo el mismo importe. Respecto lo que se podría interpretar como una condonación tácita de la deuda, el abogado defensor habla de que debe haber un comportamiento inequívoco del acreedor «que no se dio».

Respecto a la compra del catamarán en 2008, la defensa del exalcalde afirma que la empresa está a nombre de ambos y la embarcación también y no es una prueba firme «que el uso mayor o menor del mismo sea de Alperi o Solana».

Por último y respecto al amarre gratuito en la Marina Deportiva de Alicante, la defensa asegura que para que se dé el cohecho tiene que haber una dádiva, y que en este caso es inexistente ya que Alperi como exalcalde y diputado autonómico «no tenía influencias al pertenecer el puerto deportivo a Puertos del Estado». Además, concluye, el barco estaba ubicado en un lugar en el que no había un punto amarre oficial y, por tanto, no se podía cobrar.

DILACIONES INDEBIDAS

La defensa de Alperi, a la que se han adherido los otros tres acusados, según ha confirmado Europa Press, ha adelantado que solicitarán, en caso de que se les condene, la aplicación de atenuante de dilaciones indebidas por los retrasos en la celebración de la vista oral de este juicio, ya que la apertura se dictó en marzo de 2014 y no se ha celebrado hasta ahora por diversas cuestiones procesales.