La Fiscalía acredita otros 900.000 € malversados el 1-O y la cifra alcanza ya los 4,2 millones

La Fiscalía ha remitido al Tribunal Supremo un informe de tasación sobre el coste de alquilar 24 horas los 2.259 centros públicos que se emplearon para la votación del referéndum ilegal del 1 de octubre en toda Cataluña y que asciende a 900.000 euros. Dicha cantidad constituirá una nueva prueba del delito de malversación de caudales públicos. Hasta el momento, la Guardia Civil ha acreditado que la Generalitat de Cataluña con Carles Puigdemont en la presidencia malversó al menos 3,3 millones de euros públicos que se destinaron para el proceso independentista, por lo que cantidad provisional asciende a 4,2 millones.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, la tasación solicitada hace semanas por el Ministerio Público a la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio Segipsa ya ha sido remitida al magistrado que instruye la causa contra el independentismo catalán en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena. La diligencia de la Fiscalía fue acordada a su vez con la Abogacía del Estado.

El resultado es que el coste del alquiler de los 2.259 colegios y centros públicos habilitados para votar durante la jornada del 1-O habría supuesto el ingreso de 900.000 euros para las arcas públicas, que se destinó para el proceso soberanista. Cabe destacar que este cálculo es de únicamente 24 horas y muchos de los centros fueron utilizados para el desafió separatista varias jornadas.

Cabe destacar que la utilización de centros públicos acarrea unos gastos de diversos recursos como el agua, la luz, telefonía, el servicio de limpieza, medios informáticos y el propio personal. Por tanto, el alquiler de todo el centro durante cada jornada en la que se preparó y se efectuó la votación del referéndum ilegal del 1 de octubre, tendría que conllevar un ingreso para las arcas públicas que no se abonó.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña TSJC ordenaba el pasado 27 de septiembre, a cuatro días del referéndum ilegal del 1-O, a los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional que impidieran la utilización de locales o edificios públicos para la preparación del referéndum y que obligaran a cerrar los que se hubieran podido abrir para la votación.

Hasta esa fecha, la Fiscalía Superior de Cataluña había dictado ocho resoluciones con medidas para evitar el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional, entre ellas una en la que ordenaba a los Mossos d’Esquadra que precintaran los colegios electorales.

Tras, recontar la cantidad total malversada previsiblemente se remitirá al Tribunal de Cuentas para exigir su reintegro a las arcas públicas. En este sentido, existe el precedente del expresidente catalán Artur Mas, al que se le impuso el pago de 5,27 millones de euros por el mal uso de fondos públicos en la consulta soberanista del 9-N de 2014.

El pasado mes de marzo, el magistrado Pablo Llarena procesaba por rebelión y malversación a Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los siete consellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antonio Comín y Dolors Bassa, «sin perjuicio de que su calificación pueda incardinarse en el delito específico de malversación o quedar absorbida en el delito agravado de rebelión con distracción de caudales públicos de su legítima inversión contemplado en el artículo 473.2 del Código Penal».

La Fiscalía acredita que la votación del 1-O en centros públicos supuso una malversación de 900.000€En el auto de procesamiento, el instructor destacaba que existió una «relevante disposición de fondos públicos, que no vino impulsada por las finalidades inherentes a las competencias que tiene encomendadas la administración autonómica y que justifican la asignación de su presupuesto, sino por el objetivo de satisfacer un interés compartido con un concreto sector de electores».

El papel de los Mossos

La juez de la Audiencia Nacional procesaba en abril por organización criminal y sedición al exmayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero. En su auto, detalla el plan premeditado por la cúpula policial de los Mossos, para evitar actuar y “enmascarada bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, fue de total inactividad”. 

Respecto al 1-O, la magistrada señalaba que la actuación de Trapero, el exdirector de los Mossos Pere Soler, el ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig y la intendente de los Mossos Teresa Laplana, no sólo se limitó a no dar cumplimiento a la actuación judicial sino que fue más allá, “propiciando que sus planes de actuación fueran conocidos de antemano por los ocupantes de los colegios facilitando de esta manera  que éstos pudieran preparar los escenarios que llevarían a los Mossos a no actuar, obstruyendo a los agentes policiales, dispuestos realmente a cumplir aquella orden judicial, espiando y controlando sus acciones”.