El fiscal general recusa a un magistrado del Constitucional para apartarle de la amnistía

La Fiscalía ha presentado este jueves un incidente de recusación firmado por el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra el magistrado conservador del Tribunal Constitucional (TC) José María Macías. Pide apartar al juez de la deliberación sobre la cuestión de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Para ello, alega que ya se pronunció sobre ello como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La Fiscalía insiste en el escrito en que el magistrado Macías «participó directamente, contribuyendo a ellas y apoyándolas con su voto favorable, en al menos dos actuaciones institucionales» en las que el Consejo General del Poder Judicial, del que entonces era vocal, se pronunció «de manera oficial y pública».

Las dos actuaciones institucionales a las que se refiere García Ortiz en el escrito son, por un lado, la de «la constitucionalidad de una ley de amnistía anunciada por el presidente del Gobierno, sin perjuicio de cuál pudiera ser su contenido concreto»; por otro, la de «la constitucionalidad de la proposición de ley orgánica que finalmente sería aprobada» a solicitud del Senado y en el marco legal y formal del proceso legislativo.

En ello se basa el Ministerio Público para insistir en que se determina «objetivamente la existencia de causa de recusación» contra José María Macías, que supondría apartarlo de la deliberación sobre la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo (TS) contra la ley de amnistía. El magistrado se incorporó al Tribunal Constitucional recientemente, el pasado 6 de septiembre.

El escrito de la Fiscalía apunta que su recusación no se basa en las opiniones públicas de Macías «por más que estas hubieran podido llegar a generar en ciertos sectores de la sociedad la percepción de una convencida y activa beligerancia contra la ley», a pesar de que había «algún conclusivo titular» que lo nombraba como «azote de la amnistía».

En su lugar, apuntan a esos dos textos emitidos como vocal del CGPJ. El primero se hizo «espontáneamente» por los vocales conservadores que conformaban el organismo. El segundo de ellos se emitió a petición del Senado y la Fiscalía se queja de que Macías «aborda y resuelve con pretendidas razones jurídicas prácticamente todas las cuestiones» en él. Es éste último el que carga de razones al Ministerio Público para recusarlo.

«Intervención de la Fiscalía»

El Tribunal Supremo decidió llevar la ley de amnistía al Tribunal Constitucional después de que la Sala de lo Penal acordara promover la cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la norma. Los jueces del Supremo consideraron que vulnera el derecho constitucional a la igualdad ante la ley, así como los principios de seguridad jurídica y proscripción de la arbitrariedad que la Constitución Española proclama. Además, entienden que, subsidiariamente, podría vulnerar el principio de exclusividad jurisdiccional.

La decisión del Supremo llegó tras el recurso de un condenado por delito de desórdenes públicos agravados, con relación a unos hechos ocurridos en octubre de 2019 en Gerona.