El fiscal general y el presidente del Supremo callan ante el Rey sobre la amnistía que urde Sánchez

El fiscal general del Estado, Álvaro García, mano derecha de su antecesora, la ex ministra y ex diputada del PSOE Dolores Delgado, no ha hecho referencia alguna a la ley de amnistía que los socialistas se disponen a aprobar para garantizar la investidura de Pedro Sánchez en su discurso durante el acto de apertura del año judicial, que ha presidido el Rey en el Tribunal Supremo.

Horas antes, la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la Carrera Fiscal, ha afeado al fiscal general su «silencio» ante la «gravedad» de las palabras del ex presidente de Cataluña procesado en rebeldía, Carles Puigdemont, quien ha pedido al Gobierno que, a través del Ministerio Público y la Abogacía del Estado, acabe con la vía judicial abierta contra varios líderes independentistas. «El silencio ante la gravedad de lo pedido no es una opción válida para quién ostenta la dirección del Ministerio Fiscal», afirman los fiscales.

La amnistía ha sido criticada por casi la totalidad del Poder Judicial al entenderse que arrebata las competencias de los jueces de perseguir los delitos cometidos, un derecho recogido en la Constitución.

Fuentes del Tribunal Supremo consultados por OKDIARIO aseguran que la concesión de la amnistía a Puigdemont es ilegal. Sin embargo, temen que Cándido Conde-Pumpido, al que Sánchez colocó al frente del Tribunal Constitucional, pueda terminar bendiciéndola alegando que no está recogido en la Carta Magna. Sin embargo, el presidente en funciones del Supremo, Francisco Marín Castán, también ha optado por guardar silencio en su discurso ante el Rey, como minutos antes hacía el fiscal general.

La única amnistía que se ha concedido en España fue en 1977. Pero, añaden, se concedió ante una situación excepcional: en una transición de dictadura a una democracia en la que se optó por olvidar los delitos de los opuestos al franquismo, aunque fuesen muy graves, para dar paso a un nuevo régimen. Pero no cabe la posibilidad de su concesión en función de «las conveniencias políticas o coyunturales del momento».

La amnistía de los sucesos que condujeron al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 supondría borrar los hechos por los que el Supremo condenó en 2019 al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros once líderes independentistas, y por los que el alto tribunal aún persigue a Puigdemont y los demás prófugos del 1-O.

El silencio del fiscal general sobre la amnistía contrasta con su destacada referencia a un supuesto discurso «negacionista» sobre la violencia de género que se impulsa desde el Gobierno para atacar a sus rivales políticos. El máximo representante del Ministerio Público ha asegurado que «en materia de violencia contra la mujer los datos son incontestables. Y hay uno que llama poderosamente la atención, que expresamente quiero poner de relieve para quienes todavía se resisten a aceptar una realidad crítica. Desde el año 2009 hasta 2022, en España se han interpuesto más de dos millones de denuncias por violencia contra la mujer». Y ha añadido: «El discurso negacionista influye directamente en la protección de las mujeres. España es un referente en la lucha contra la violencia de género y no podemos ni debemos retroceder».