El fiscal del Supremo insiste en que Otegi permanezca inhabilitado hasta 2021: «Es sentencia firme»

El fiscal ante el Supremo ha pedido a este tribunal que no considere cumplida la pena de inhabilitación para cargo público que pesa sobre el dirigente abertzale y terrorista convicto Arnaldo Otegi, una condena que, según la Audiencia Nacional, debe continuar hasta el año 2021.

Otegi fue condenado por la Audiencia Nacional a 10 años de prisión e inhabilitación por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna, una pena de prisión que el Supremo redujo a seis años y medio. Su condena incluía también una pena de inhabilitación.

Otegi ha sido protagonista estos días por su visita a Cataluña, invitado por la Asamblea Nacional Catalana, promotora y organizadora de la manifestación independentista de la Diada de este lunes. El nuevo aliado del desafío independentista de Carles Puigdemont ofreció una corona de flores con el símbolo de su coalición proetarra, Bildu, en el monumento a Casanova y se mostró desafiante ante el reportero de OKDIARIO que le preguntó si había «viajado hasta Barcelona para pedir perdón por los muertos de Vic e Hipercor», en sendos atentados salvajes de ETA, la banda que integró el que hoy se presenta como líder político.

Según la Audiencia, aunque el dirigente abertzale salió de la cárcel el 1 de marzo de 2016, la condena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo y para ejercer empleo o cargo público no habrá sido cumplida hasta el año 2021.

Además, este tribunal considera que dicha condena es firme, ya que Otegi no recurrió contra ella en tiempo y forma. Con su criterio coincide el fiscal, que ya se opuso en su día, ante la Audiencia, a los argumentos del abogado de Otegi.

Para el fiscal del Supremo la condena de prisión fue diferente de la de inhabilitación y, por tanto, esta segunda debe seguir un curso propio, lo que supone que, tal y como ha quedado ya firmemente establecido, termine en 2021.

Sin embargo, en su recurso ante el Alto Tribunal contra la duración de su condena a inhabilitación para ser cargo público la defensa de Otegi argumenta precisamente lo contrario.

Considera que la pena de cárcel se extinguió en marzo de 2016 y que, como la condena de inhabilitación era accesoria a la de prisión, debe considerarse que la duración de la pena secundaria terminó al mismo tiempo que la principal.

En esos términos se ha planteado el asunto ante los miembros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que han deliberado este martes sobre el asunto sin que se haya divulgado aún una posible resolución, de la cual, en todo caso, será ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta.