Ferrovial y Dragados llevan a los tribunales a Sánchez Mato por las sanciones que les ha impuesto por la M-30
La empresa privada que gestiona la M-30 de Madrid -Madrid Calle 30, conformada por Ferrovial y Dragados-, ha decidido presentar sendos recursos contencioso-administrativos en contra de la decisión de Carlos Sánchez Mato y el Consejo de Administración de interponerles sanciones.
Tal como avanza OKDIARIO, Ferrovial ha decidido acudir a los tribunales ante las sanciones millonarias aprobadas por Sánchez Mato, que tiene mayoría en el Consejo de Administración de Madrid Calle 30. Esta empresa semipública está participada por el Ayuntamiento, que tiene el 80% del capital, y por un socio privado, EMESA (Ferrovial y Dragados), que cuenta con el 20% restante.
La empresa privada EMESA ha optado por presentarse en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo número 5 y 11. Ahora quedan a la expectativa de la decisión judicial de abrir un procedimiento.
Más de 3 millones en sanciones
El pasado mes de noviembre el consejo de la sociedad mixta abrió seis expedientes. La última sanción se aprobó a comienzos de este mes de junio. Se dio el ‘ok’ a la imposición de una penalización por un supuesto incumplimiento contractual en la instalación y mantenimiento del telecontrol del alumbrado a cielo abierto. La sanción asciende a 375.000 euros y se suma a otras tres aprobadas en un consejo anterior que suman más de 3 millones.
Según informó el Consistorio, en noviembre se inició un plazo para la presentación de informes y alegaciones referentes a los seis servicios y prestaciones analizados.
En 2007 se aprobó una partida para la implementación del telecontrol del alumbrado a cielo abierto, cuyas obras comenzaron después de noviembre de 2016. Según unos estudios realizados, las obras no se corresponderían a las condiciones contractuales firmadas.
La última penalización aprobada del alumbrado viene a continuación de las impuestas por otros tres expedientes referidos a la inspección, mantenimiento e inventariado de los apoyos del bypass, falta de instalación de una red wifi y de otra red de comunicación PDH.
En un comunicado, el Consistorio acusa a la empresa privada ha realizado unas obras que no se corresponden exactamente con el contrato suscrito entre ambas partes en 2005 y modificado en 2007.
Por otra parte, Sánchez Mato ha impulsado una comisión de investigación para, dicen, aclarar su situación económica financiera y la incidencia sobre las cuentas del Ayuntamiento. Los cuatro grupos municipales están participando en estas sesiones.
La sesión está centrada en la ejecución de las obras: proyectos, impacto ambiental, afección a los vecinos durante los trabajos, plazos de ejecución y presupuestos, deficiencias, constitución inicial de la sociedad y justificación económica del modelo elegido.
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