Los Franco confirman el burofax al Gobierno: «La exhumación puede ser delito de prevaricación»

La familia Franco no se rinde y persiste en su intención de no autorizar la exhumación del dictador en la víspera de que el Consejo de Ministros apruebe el acuerdo de incoación, que les dará 15 días para presentar alegaciones, en medio de la polémica por el futuro del Valle de los Caídos.  La familia ha confirmado este jueves la noticia adelantada por OKDIARIO de que el pasado 23 de agosto envió un burofax al Gobierno Sánchez advirtiéndole de que, si sigue adelante con la exhumación, podría incurrir en un delito de prevaricación y usurpación de funciones, además de otro de «profanación de sepultura».

Lo hizo en el citado burofax remitido por la Fundación Nacional Francisco Franco a la Presidencia del Gobierno el pasado 23 de agosto, en vísperas del último Consejo de Ministros que inició el procedimiento legal para la exhumación.

«Ponemos en su conocimiento por si se les hubiera pasado inadvertido, que dicha aprobación contraviene el artículo 86 de la Constitución por falta absoluta del presupuesto habilitante al no concurrir el requisito imperativo de la extraordinaria y urgente necesidad y podría ser constitutivo, entre otros, de un delito de prevaricación y usurpación de funciones, sin perjuicio de la posible comisión de un delito de profanación de sepultura ubicada en lugar de culto, inviolable, de acuerdo con el tratado internacional con la Santa Sede de 1979», reza la notificación oficial.

El presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco y portavoz de la familia, Juan Chicharro ha asegurado que le «da la impresión» de que lo que quiere Pedro Sánchez es «quitar la cruz y el culto» y que se retire la comunidad benedictina de la basílica.

«Es una añagaza», ha continuado, «y lo que viene buscando en realidad es su desacralización, que es lo que persigue la extrema izquierda».

En declaraciones a EFE, Chicharro ha dicho que «la familia no se rinde. Todo sigue igual» y que las alegaciones y sus argumentos en contra de la decisión del Gobierno están siendo estudiadas por un gabinete jurídico de su confianza.

La tramitación para desenterrar los restos de Franco se inició el viernes pasado con la aprobación por el Gobierno del real decreto que reformará la Ley de Memoria Histórica y que tiene que ser convalidado en el Congreso.

El Congreso debatirá también el futuro del Valle de los Caídos, después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya rectificado su posición previa estableciendo que no podrá ser un centro de reconciliación sino que será un cementerio civil y haya anunciado la creación de una Comisión de la Verdad sobre los años de la Guerra Civil y del franquismo.

Es Patrimonio Nacional quien gestiona el Valle de los Caídos «de forma temporal» desde 1982 y fuentes de este organismo público han avanzado a EFE que el próximo lunes darán a conocer la cifra actualizada de visitantes, ya que se hace pública a mes vencido.

Un 50% más de visitantes en un mes

Los últimos datos son de julio y revelan un incremento de casi el 50% respecto al mismo mes del año anterior, al pasar de 25.532 visitantes en 2017 a los 38.269 de este año.

En cuanto a la Comisión de la Verdad, Chicharro ha subrayado que «la verdad es única y no se puede establecer por ley», lo que únicamente pasa en países como Corea del Norte o la antigua Unión Soviética y ha recomendado que se deje «en manos de los historiadores».

A partir del decreto que se aprueba este viernes y a lo largo de 15 días, la familia podrá comunicar el destino para enterrar los restos y, si no lo hiciera, será el Gobierno el que decida el lugar para una nueva inhumación, «asegurando una digna sepultura».

Para ello, deberá solicitar la asignación del correspondiente título de derecho funerario al ayuntamiento donde vayan a ser enterrados, solicitar informe no vinculante al órgano competente de la comunidad autónoma en materia de sanidad mortuoria, para que sea emitido en el plazo máximo de un mes.

Concluidas estas actuaciones, se volverá a dar un plazo de diez días a los interesados (incluida la familia) para que presenten alegaciones y, transcurrido este, el Consejo de Ministros, mediante «Acuerdo motivado» resolverá si procede la exhumación y el traslado de los restos y su destino.