La ex secretaria del grupo del PP valenciano acusa al partido de saber que existía una cuenta opaca

La presunta financiación ilegal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia ya ha vuelto de vacaciones. Este lunes, ha declarado la ex secretaria del grupo del PP en el Consistorio María del Carmen García Fuster en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, en el marco de la Operación Taula, la pieza separada del caso Imelsa que investiga el presunto delito electoral de los populares. García Fuster ha afirmado que el PP conocía perfectamente la existencia de la presunta cuenta opaca con la que se financiaron campañas municipales.

Tras la comparecencia de García Fuster le ha tocado el turno a la administradora provincial de la candidatura popular a las elecciones municipales de 2015, Montserrat Tello.

García Fuster, que ha querido responder únicamente a las preguntas de su abogado, José María Corbín, ha centrado su comparecencia en descargar la responsabilidad en el partido. Así, Fuster, considerada una persona próxima a la ex alcaldesa Rita Barberá, ha explicado que el PP –formación investigada en esta pieza por blanqueo– conocía perfectamente la existencia de las cuentas municipales y también ha dicho que ella daba cuenta al partido de los gastos de campaña, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la declaración.

En esta línea, ha insistido en que remitía todas las facturas al partido, con lo que estaba al corriente de los ingresos y gastos en campañas electorales, han indicado las mismas fuentes. También ha aseverado que nunca se superó el techo electoral.

Versiones contrapuestas

Su versión ha sido totalmente opuesta a la que ha ofrecido ante el juez Montserrat Tello, quien ha señalado que el Partido Popular no tenía ningún tipo de conocimiento sobre esta presunta cuenta opaca ni de pagos o ingresos, han señalado las mismas fuentes. Tello ha respondido a preguntas del juez, del fiscal y de su letrada en esta pieza, en la que se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores en vísperas de las elecciones municipal de 2015.

Fuster ya declaró ante el juez el pasado mes de abril, y negó que se produjera blanqueo de capitales en el PP en la corporación municipal. Además, explicó que había una persona –cuyo nombre no llegó a desvelar– que se dedicaba a recaudar el dinero correspondiente a aportaciones que se realizaban al partido.

En esa declaración, rechazó que se produjera blanqueo y aseguró que la idea de hacer donaciones de 1.000 euros para la campaña electoral surgió en un comité electoral. Comentó que de las reuniones del citado comité electoral –en el que estaban ella misma, el ex vicealcalde Alfonso Grau y Alfonso Novo, según ha dicho– no se conservaban actas.

En esta pieza, el magistrado considera que existen indicios de que el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, en «ejecución de un plan preconcebido», cargó gastos electorales en las campañas de 2011 y 2015 a una cuenta bancaria, gestionada básicamente por García Fuster, «carente de toda fiscalización y reflejo en la contabilidad del PP». El juez estima que el delito electoral se habría cometido de manera continuada y en conexión con el de blanqueo.