Ex ministros de PP, PSOE y UCD piden la libertad de Zaplana por razones de salud

En un comunicado que firman casi una treintena de exministros que ahora no desempeñan actividades políticas, la citada Fundación quiere hacer constar su preocupación por la salud de Zaplana, que lleva seis meses en prisión preventiva, incondicional y sin fianza en la cárcel de Picassent como investigado por su presunta implicación en delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación en el marco del caso Erial.

«Los principios humanitarios deben ser tenidos en cuenta en cualquier situación jurídica máxime, como acontece en el presente caso, tratándose de una prisión preventiva, es decir, sin que haya recaído sentencia alguna», subrayan.

Y argumentan que los informes médicos resaltan unánimemente la gravedad de la enfermedad de Zaplana y «el peligro de muerte inmediata».

La Fundación entiende que deben seguirse los consejos de los profesionales sanitarios a cuyo cuidado se encuentra el enfermo y que «han sido plenamente refrendados en sus decisiones por la Sociedad Española de Hematología».

También «ruega y recomienda» que, conforme al uso normal en estos casos, su mujer sea autorizada a permanecer en la habitación de la clínica junto a Zaplana, cuya defensa ha solicitado su puesta en libertad en cinco ocasiones dado su estado de salud.

Para la Fundación, la posible irreversibilidad de la situación obliga a que dichos principios humanitarios sean considerados por la jueza encargada del caso, «todo ello sin perjuicio -añade- de que se diluciden, en el momento en que proceda, las responsabilidades que correspondan».

Firman el comunicado Eduardo Serra (que es el presidente de la entidad), Abel Matutes, Ana de Palacio, Ángel Acebes, César Antonio Molina, Cristina Alberdi, Cristina Garmendia, Esperanza Aguirre, Ignacio Bayón, Jaime Lamo de Espinosa, Jesús Sancho, Josep Piqué, Julián García Vargas, María Antonia Trujillo, Marcelino Oreja Aguirre, Rafael Arias-Salgado y Soledad Becerril, entre otros.

La Fundación España Constitucional surgió para poner en valor las raíces comunes que comparten los españoles, principalmente la lengua común, cultura e historia, así como para reforzar la cohesión a través de la defensa de la Constitución y de las instituciones que la misma establece, y para promover el conocimiento de la cultura española en el exterior.