Europa mete presión a Sánchez para desbloquear el CGPJ antes de diciembre con la fórmula de Casado

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 27/10/2021 06:48
  • Actualizado: 18/09/2024 16:38

El mes de diciembre puede marcar un antes y un después en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Hasta ahora, Pedro Sánchez se ha resistido a aceptar la exigencia del Partido Popular para que los jueces elijan a los jueces. Sin embargo, la agenda europea tiene dos citas en rojo a finales de año. El 2 de diciembre, la Justicia europea dará a conocer el primer dictamen sobre los recursos que Hungría y Polonia plantearon contra la nueva normativa que condiciona el desembolso de fondos comunitarios al respecto del Estado de Derecho. Y ese mismo mes se celebrará además una nueva reunión del Consejo Europeo donde, según fuentes comunitarias, es previsible que se produzca algún pronunciamiento sobre la independencia judicial y los procesos pendientes. Dos acontecimientos que añaden presión para que Sánchez rebaje la oposición al PP y acabe aceptando su modelo.

La renovación actual, evidentemente, no se produciría en estos términos, por cuestiones de tiempo. Casado exige que Sánchez acepte una reforma legal de despolitización del órgano de gobierno de los jueces y quiere un compromiso firme por parte de Sánchez en el Congreso de los Diputados para cambiar el sistema de elección de los vocales.

La urgencia por la renovación del CGPJ preocupa especialmente a Bruselas debido a su situación prolongada de interinidad. En distintas ocasiones, las autoridades europeas han instado al Gobierno español a acometer la renovación bajo ciertos parámetros, coincidentes con los que defiende Pablo Casado. En su segunda evaluación anual sobre el Estado de derecho, conocida en julio, el Ejecutivo comunitario apuntaba de nuevo al «reto» de la renovación del órgano de gobierno de los jueces y recordaba los «llamamientos» para que España lleve a cabo una reforma del sistema de elección del CGPJ que permita que una mayoría de los vocales sean designados por jueces, «en línea con los estándares europeos». «Es importante que los estándares europeos sean tenidos en cuenta y que todos los actores sean consultados», apuntan desde Bruselas.

En esta línea, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha insistido en múltiples ocasiones al Gobierno para lograr una mayoría que permita renovar el CGPJ bajo los parámetros europeos. Es decir, que la mayoría de los cargos sean jueces elegidos por otros magistrados.

El caso de Polonia

El dictamen sobre los recursos de Hungría y Polonia a la condicionalidad de los fondos no es vinculante, pero sí relevante de cara a la posterior sentencia, y un toque de atención al Gobierno español.

En marzo, estos países presentaron sendos recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en contra del mecanismo que condiciona los fondos europeos al respeto del Estado de Derecho.

Bruselas ha mantenido un abierto enfrentamiento con Polonia por su incumplimiento de la independencia judicial. En septiembre, la Comisión Europea solicitó al TJUE sanciones directas al gobierno polaco por no haber parado la reforma que permite abrir expediente a los jueces por sus sentencias. En julio, el tribunal europeo concluyó que la reforma judicial de Polonia viola el derecho de Europa.

Salvando las distancias, el caso polaco es el ejemplo extremo de la inquietud que supone para la UE que sus Estados miembros vulneren la independencia de los jueces.

Precisamente, este mismo lunes, Pablo Casado ha recordado lo ocurrido en Polonia y las exigencias de imparcialidad e independencia por parte de las instituciones europeas y ha dicho que espera que Sánchez acepte cambiar la ley para pactar el CGPJ «como pide Europa».

Casado ha defendido que haya un «refuerzo de la independencia judicial» en la renovación de este órgano, de forma que 12 vocales sean elegidos por los propios jueces «sin que el Parlamento ahí tenga «nada que ver» y sí participe en «los ocho juristas de reconocido prestigio» aprobados por el Congreso y el Senado.