En España existen casi 250.000 aforados según el presidente del Supremo y el CGPJ, Carlos Lesmes

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha revelado hoy que en España hay actualmente casi 250.000 aforados, de los que algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, cinco de la Familia Real y el resto -17.603- pertenecen a instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas (políticos, miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, integrantes de órganos como el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, Defensores del Pueblo estatal y autonómicos, etc.).

Durante su comparecencia en la Comisión del Justicia del Congreso de los Diputados, Lesmes ha abogado por un nuevo diseño de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que conjugue las garantías procesales con la celeridad. «Esto exigirá reflexionar sobre todos los elementos que configuran el proceso penal, incluido, por qué no, el asunto de los aforamientos», ha dicho.

«Es necesario analizar la situación desde el máximo rigor posible y tratar de trasladar a la sociedad que las decisiones que se adopten en esta cuestión son fruto de la reflexión y, sobre todo, de la defensa de los intereses generales», ha manifestado Lesmes, para quien «sería bueno que el asunto de la reforma de los aforamientos, que sin duda es necesaria, no se desvincule de una deseable reforma global de nuestro proceso penal que mantenga los necesarios equilibrios».

También ha recordado que, en el caso de los jueces, fiscales o policías, el aforamiento opera como garantía para el ejercicio de funciones públicas destinadas a la protección de los derechos fundamentales y que «esa garantía se podría alcanzar mediante otros mecanismos distintos al aforamiento, pero siempre teniendo en cuenta que tal garantía es necesaria».

En el caso de los políticos, el aforamiento se concibe como
garantía frente a los posibles excesos de la acusación popular que no existe en los ordenamientos jurídicos de otros países, según ha recordado.

Nuevo diseño de la carrera judicial

Además, Lesmes ha instado a los diputados a abrir el debate sobre un nuevo diseño de la Carrera Judicial que incluya sistemas objetivos para la evaluación continua del desempeño del juez y permita reducir el margen de discrecionalidad en los nombramientos.

Ello pasa, según el presidente del Poder Judicial, por restablecer programas y pruebas de especialización en todas las jurisdicciones, convertir la formación en obligatoria e incidir en el desarrollo de habilidades necesarias para una mayor calidad en la prestación del servicio -idiomas, gestión de gobierno, nuevas tecnologías, etc.

La antigüedad en la carrera seguiría siendo objeto de consideración, según ha explicado el presidente del Poder Judicial, pero no como criterio determinante para la selección de cargos de nombramiento discrecional, según ha explicado.

«Somos conscientes de lo ambicioso de este planteamiento y del cambio, incluso de mentalidad, que el mismo exigiría. Pero no creo que debamos renunciar a reflexionar sobre ello», ha señalado Lesmes en la cámara baja.

Estas cuestiones, ha dicho Lesmes, se abrirán al debate y reflexión de manera muy participativa, buscando «la máxima aportación y participación de la Carrera Judicial, de las asociaciones de jueces y de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales».

En este punto, Lesmes ha recordado el último informe de evaluación del Grupo de Países contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), hecho público en 2016, recomienda expresamente a España incidir en una mejor regulación de los criterios de nombramiento de los altos cargos del Poder Judicial.