España defiende que la resolución de la ONU no va destinada contra el estado de Israel

España ha defendido este domingo ante las autoridades israelíes la postura adoptada a favor de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU aprobada el viernes contra los asentamientos israelíes, argumentando que en modo alguno supone un reproche directo a Israel, y que en su lugar se trata de un esfuerzo para favorecer la paz en la región a través de una solución dialogada.

Estas explicaciones han tenido lugar en el marco de la rueda de convocatorias de protesta ordenadas por el Gobierno israelí a los embajadores y representantes diplomáticos de 11 países miembros del Consejo de Seguridad, entre ellos España a través de su encargado de negocios ad interim, Miguel Moro, dado que el embajador se encontraba de vacaciones, como otros tantos diplomáticos.

El diplomático ha explicado que España «entiende que se trata de una resolución equilibrada, que no va contra Israel, y que busca favorecer la paz», según fuentes de Exteriores a Europa Press sobre el contenido de la reunión, donde Moro «ha recordado la ya conocida posición de España sobre los asentamientos», que considera «contrarios al derecho internacional y un obstáculo para la paz por ir en contra de la confianza necesaria para reanudar las conversaciones entre israelíes y palestinos.

Del mismo modo, el diplomático reiteró que España «condena y ha condenado siempre los actos de violencia» y que «la única solución justa y duradera» pasa por la creación de dos estados, israelí y palestino, «en paz y seguridad», trasladando su «convencimiento» de que esta solución «puede llegar a través del diálogo».

La resolución 2334, que ha contado con la abstención estadounidense y el voto favorable de los otros 14 miembros, entre ellos España, es la primera en ocho años que recoge un pronunciamiento del máximo órgano ejecutivo de la ONU sobre la llamada cuestión palestina.

El texto, aprobado el viernes, declara que «el establecimiento de asentamientos en el territorio palestino ocupado desde 1967 no tiene validez jurídica y constituye una violación flagrante del Derecho Internacional y un obstáculo importante para la solución de dos estados y una paz justa, duradera y cabal».

Además, «hace un llamamiento a ambas partes para actuar desde el respeto al Derecho Internacional y urge a la intensificación y aceleración de los esfuerzos diplomáticos regionales e internacionales para conseguir una paz duradera en Oriente Próximo».