La escuela de Mossos de la Generalitat realiza una encuesta ideológica para marcar a los agentes

“¿En qué medida estás satisfecho con el funcionamiento de la democracia en España?”. A esta pregunta y otras similares deben enfrentarse los agentes de los Mossos d’Esquadra a través de una encuesta enviada por la escuela de agentes gestionada por la Generalitat de Cataluña.

El Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, más conocido como la Escuela de Policía de Cataluña, ha sido denunciada públicamente en varias ocasiones por su parcialidad a la hora de elegir quién podrá entrar en el cuerpo y quién no.

Pero sus competencias van más allá de la formación de los policías catalanes. A través de su base de datos, envían encuestas a los agentes ya en servicio para conocer sus preferencias políticas.

Con preguntas como “¿Dónde te sitúas siendo el 0 la izquierda y el 10 la derecha?” o sobre el nivel de satisfacción con la democracia en España, la escuela recolecta datos sobre la ideología de los policías que llevan el uniforme de Mosso d’Esquadra.

También con alumnos

La misma técnica es aplicada en los alumnos que se preparan para llegar a formar parte del cuerpo de policía catalán.

A través de la Plataforma de Afectados por el ISPC (la Escuela de Policía de la Generalitat de Cataluña), se ha denunciado en varias ocasiones que la escuela discrimina a los agentes a través de cuestionarios en los que se pide a los agentes que indiquen, en una escala de 0 a 10, cuál es su grado de compromiso con la Constitución.

Un cuerpo politizado

El Defensor del Pueblo abrió el pasado mes de febrero una investigación a raíz de una queja presentada por el sindicato CSIF en la que denunciaba que los Mossos d’Esquadra están sufriendo «un maltrato» por parte de la Generalitat debido a «la politización» del cuerpo, lo que les produce a diario «inseguridad jurídica”.

Tras enumerar varias actuaciones llevadas a cabo por la policía autonómica en los últimos meses en el marco de las protestas vinculadas al «procés», el sindicato lamentaba en el escrito «la condena y el linchamiento que los mandos y agentes de las unidades de orden público han sufrido cuando ejercieron sus funciones acorde al ordenamiento jurídico» por parte de sus responsables políticos.