España
'Caso Koldo'

La empresa de fuel del clan Aldama que logró la licencia gracias a Koldo multiplicó por 20 su beneficio

La empresa de hidrocarburos Villafuel SL, vinculada a la trama Koldo e investigada en la Audiencia Nacional, experimentó un aumento espectacular en sus beneficios en 2023, multiplicándolos por 20 en comparación con el año anterior. Según la documentación oficial consultada por este periódico, este crecimiento exponencial pasó de 1.288.999 euros en positivo a cierre de 2022 a 20.934.156 euros un año después y fue posible presumiblemente a la obtención de una licencia de operadora de hidrocarburos, gestionada presuntamente a través de comisiones ilegales en el marco de la red de corrupción liderada por Víctor de Aldama, contacto de Begoña Gómez y varios altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez. Las autoridades judiciales y policiales sospechan que Villafuel se benefició de vínculos privilegiados para conseguir contratos millonarios, especialmente durante la crisis de la pandemia.

El rápido ascenso de Villafuel ha suscitado el interés de los investigadores. Aparece junto a otras empresas en el auto del juez Santiago Pedraz por el que se envía a prisión provisional tanto a Aldama como a Claudio Rivas, impulsor de Villafuel y cuya hermana, sobre el papel, ejerce de administradora única.

La última Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Villafuel SL destapa cómo funcionaba de bien el motor de la compañía. Pasó de facturar 59 millones de euros en 2022 a ingresar 815 millones. Todo ello con sólo ocho trabajadores en plantilla y una sola gasolinera, en un polígono industrial de Albacete alejado del tráfico de vehículos. Se trata de una estación que estuvo varios años cerrada y reabrió con Villafuel SL. No obstante, desde hace más de un mes se encuentra cerrada por vacaciones y empresas de la zona especulan con que de que esa situación conducirá en el cierre definitivo de esa instalación. De hecho, su página web ha cerrado en las últimas horas.

Gasolinera de Villafuel SL.

La trama, bajo el liderazgo de Aldama, está siendo investigada por fraude, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública, con conexiones en la adjudicación de contratos de compra de mascarillas durante las primeras semanas de la pandemia. Villafuel SL, que había sido una empresa de perfil muy bajo en el sector, pasó de tener un modesto rendimiento económico a un crecimiento sin precedentes tras obtener la licencia clave.

Investigación de la UCO

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que el ex asesor ministerial Koldo García organizó un encuentro entre el director de Gabinete del Ministerio de Industria –entonces dirigido por Reyes Maroto, actual líder del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid– y el presunto director de la trama de estafa en el sector de los hidrocarburos, Claudio Rivas, a petición del otro supuesto líder del grupo, Víctor de Aldama.

Así se desprende de un informe que los agentes han remitido al juez del caso Koldo. Los guardias civiles destacan que en diciembre de 2020, «mientras se resolvía la selección del chalet» que presuntamente disfrutó el entonces ministro de Transportes, «se gestó una entrevista» entre el cargo de Industria, el empresario Claudio Rivas, Carmen Pano y otras tres personas más.

Esa reunión clave tuvo lugar en enero de 2021 y fue «promovida y orquestada por Aldama, quien les puso en manos de Koldo para que fueran recibidos por el referido director». La pretensión de este encuentro fue, según la conversación que mantuvieron Aldama y Rivas, conseguir que el Ministerio otorgase «la condición de operadora de productos petrolíferos al por mayor» a la empresa Villafuel SL.

Los agentes investigadoras afirman que «obtener un título de operador es necesario para llevar a cabo el fraude y se necesita autorización del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico para acceder a la misma». La empresa obtuvo en septiembre de 2022 «el título de operador del mercado mayorista de hidrocarburos».

El informe relaciona la compra del chalet situado en La Línea de la Concepción del que pudo «disponer» la trama a través de Cristian Corvillo, una persona que estaría, según los agentes, muy próxima a Aldama y Koldo. Aldama, que fue el «verdadero responsable y organizador de la compra del inmueble», maniobró «a través de terceras personas que negociarían las condiciones de compra, el pago de la señal o la firma del contrato de arras».

En un inicio, Aldama le trasladó a Corvillo que la compraventa de la casa la llevaría a cabo «un tal Henrique», un ciudadano venezolano «vinculado a Suelopetrol». Éste llegó a ratificar un contrato de arras, pero Aldama en un momento dado optó por prescindir de él.

Fue en ese punto cuando el empresario pidió a Corvillo que contactase con Claudio Rivas, su socio, y que estaba «vinculado a Villafuel», señala la UCO. Las indagaciones de los agentes revelan que el chalet de La Alcaidesa fue pagado en gran parte por la mercantil Have Got Time. La titular de esa empresa, señalan, es la hija de Carmen Pano, una de las personas que acudió al encuentro con el director de Gabinete de Industria.

Por último, la Guardia Civil constata que, pese a ello, esa compañía «es controlada de manera real» por Claudio Rivas, el socio de Aldama. «Consumada la compra del inmueble por parte de Aldama, existen múltiples evidencias que confirmarían el uso real del mismo por parte de Ábalos», recogen. Unos meses después de que Ábalos dejase el Ministerio de Transportes, esa empresa remitió un burofax reclamando el pago de cuatro mensualidades del chalet.

Koldo García contactó con Aldama para pedirle explicaciones por esa comunicación. «Esto ya es la hostia», se quejó el ex asesor. «Ni te preocupes, acuérdate que te dije que eso llegaría, se tiene que cubrir, pero es sólo por eso nada más, tranquilo», zanjó el empresario.