«No quería darme de alta y tuve yo que pagar la Seguridad Social»

La empleada del hogar de Victoria Rosell, Simona Chambi, asegura en una entrevista concedida a OKDIARIO que la podemita no quería darle de alta en la Seguridad Social. Sin embargo, la mujer de nacionalidad boliviana necesitaba tener sus papeles en regla, por lo que se vio obligada a pagar de su propio bolsillo la cotización a las arcas públicas.

Chambi, que ha denunciado a la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género por despido «improcedente», afirma que comenzó a trabajar para la juez Rosell en septiembre de 2011 por 500 euros al mes. Inicialmente cobraba en «dinero negro o b», pero a los cinco meses se plantó y exigió que le hicieran contrato, para poder regularizar su situación en España.

La podemita respondió que no podía hacerle contrato «porque no le alcanzaban las cuentas» y «si quería cotizar de manera legal, le descontaría los gastos de cotización a la Seguridad Social», por lo que a partir de ese momento le recortó su sueldo neto y pasó a cobrar 410 euros al mes por un contrato a media jornada de lunes a viernes. Simona limpiaba la enorme casa de Rosell, de tres plantas, todos los días por cinco euros la hora, un salario muy por debajo del precio de mercado.

En 2014, Simona Chambi se vio obligada a regresar a Bolivia debido a un problema familiar, por lo que pidió la rescisión voluntaria del contrato y fue dada de baja el 30 de noviembre de aquel año. Nunca cobró el finiquito al que tenía derecho, explica. Cuando estaba en su país, Rosell y su pareja, Carlos Sosa, le telefonearon para que regresara porque «otras empleadas que estaban probando en su ausencia, no duraban ni dos meses trabajando en una casa tan grande».

Entonces, Simona regresó. Tras su reincorporación la empleada dio por hecho que le habían dado de alta porque le abonaban 420 euros mensuales. Sin embargo, unos meses después descubrió que no era así: le habían estado restando de su sueldo la cotización de la Seguridad Social pero no le habían dado de alta. Pese a ello, la empleada del hogar no se quejó ni reclamó su dinero, sólo solicitó que regulasen su situación.

Cuando, por fin, le entregaron el contrato se percató que había cambiado el nombre del empleador: Carlos Sosa pasó a ocupar el puesto de Victoria Rosell como empleador. «Yo no sé cuando hicieron eso, porque yo no firmé nada», explica en la entrevista.

Su abogado, Federico José Vicente Marín, asegura que el contrato no es legal: «A Simona le han pagado por debajo del convenio y en 2015, por una circunstancia que desconocemos, cambió el nombre del empleador y se puso a Carlos Sosa, porque ella en ese momento era diputada y le interesó eso», explica.

Finalmente, Simona Chambi se vio obligada a someterse a una operación de cataratas el pasado 26 de mayo en el Hospital Doctor Negrín, de la isla canaria, de lo que informó con suficiente antelación a sus empleadores. Cuando se encontraba de baja médica con incapacidad temporal, debido a complicaciones en la intervención, Carlos Sosa le comunicó que rescindían su contrato y le ofreció una indemnización de 833,34 euros. Esa era la que le correspondía, según la pareja, tras ocho años trabajando para la familia.

El abogado de Simona sostiene que su despido es «nulo», ya que la legislación laboral obliga a comunicar el motivo de la extinción, algo que no ha ocurrido en su caso. Por tanto, pide al juez que obligue a Carlos Sosa (su actual empleador) a readmitirla como empleada del hogar con las mismas condiciones que disfrutaba hasta ahora, o bien que le abone la correspondiente indemnización por despido improcedente.