El embargo a Israel arruina la inversión millonaria en un software para la Biblioteca Nacional y el CSIC

El veto a las empresas de Israel que ha anunciado el Gobierno de Pedro Sánchez arruinaría una inversión millonaria realizada por el Ministerio de Cultura, de Ernest Urtasun, y el de Ciencia y Universidades, de Diana Morant. Ambas carteras contrataron a una empresa israelí para utilizar su software en la gestión del catálogo de libros de la Biblioteca Nacional y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), respectivamente. El Ejecutivo perdería años de trabajo técnico para trasladar esos datos y casi 2 millones de euros invertidos en su puesta en marcha y mantenimiento.

El jefe del Ejecutivo comunicó este lunes que llevaría al Consejo de Ministros un real decreto ley para la prohibición de la importación de productos «provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania» para «combatir estas ocupaciones». El líder socialista incluyó esta medida dentro de una batería de decisiones que se pondría en marcha «de manera inmediata» para «frenar el genocidio en la Franja de Gaza».

Esta decisión podría afectar a diversos contratos firmados por administraciones públicas que, ahora, se verían atadas de pies y manos y no podrían continuar contratando servicios o productos que venían adquiriendo hasta ahora. Es el caso del software llamado Alma, un programa que permite «albergar bases de datos de registros bibliográficos» y su gestión. La empresa desarrolladora de este sistema es la israelí Ex Libris.

Sumar denunció hace unas semanas que la sede de la compañía israelí estaba en Jerusalén, concretamente en el Malha Technology Park, donde la formación de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, alega que se produjo la limpieza étnica de poblaciones palestinas, y definen ese lugar como un «territorio Palestino Ocupado», basándose en una resolución de la Corte Internacional de Justicia.

Ex Libris, por tanto, sería una de las empresas que se verían directamente afectadas por el veto del Gobierno a las importaciones de productos «provenientes de los asentamientos ilegales», según anunció el partido coaligado con Sánchez en el Ejecutivo.

Casi 2 millones en empresas israelíes

Los dos últimos contratos de la administración central con la sociedad israelí con sede en ese polémico lugar se elevan casi a los dos millones de euros. Se trata de una licitación del Ministerio de Cultura para gestionar el catálogo de la Biblioteca Nacional, con un coste de 1,4 millones de euros, y otra para el del CSIC, concretamente, para el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), por valor de más de 200 mil euros.

En el caso de la Biblioteca Nacional, la cartera de Urtasun alegó que «no había alternativa» para gestionar el actual catálogo bibliotecario. Y es que Cultura lleva inmersa en un proceso de traslado de datos del antiguo programa de gestión al de la empresa israelí desde 2022.

Los documentos de contratación plasmaron que la institución pública dependía de la empresa israelí para «mantener la integridad y operatividad del sistema actual sin incurrir en una nueva y compleja migración de datos y configuraciones». Y concluían que contratar a otra empresa para esa tarea implicaría «consiguientes costes y disrupciones».

«Una herramienta esencial»

Por su parte, el CSIC se vanaglorió en 2023 de haber implementado esta plataforma: «Alma ha sido una herramienta esencial para el acceso a recursos bibliográficos y científicos para nuestra comunidad investigadora y para la investigación en general».

Además, el organismo dependiente del Ministerio de Morant alabó este sistema por haber «evolucionado y mejorado en los últimos años para adaptarse a las necesidades cambiantes de la investigación y la gestión de bibliotecas». «Ha contribuido significativamente a la promoción del acceso abierto a la información científica», subrayaban.

Ahora, sin embargo, ambas instituciones podrían quedarse huérfanas del software en el que han invertido millones de euros de las arcas públicas por el veto anunciado por el Gobierno de Sánchez a las empresas israelíes con sede en los considerados como «territorios palestinos ocupados».