La infanta seguirá en el banquillo al no ceder la Audiencia a las presiones para aplicar la ‘Doctrina Botín’

La infanta Cristina no se libra del banquillo. Durante la sesión inicial del juicio, celebrada el pasado día 11, su defensa, la Abogacía del Estado y la Fiscalía Anticorrupción pidieron que la infanta quede eximida de todos los cargos, en aplicación de la llamada doctrina Botín.

Según esta interpretación de la Ley, sólo la acusación particular (ejercida por la Fiscalía y la Abogacía del Estado) está legitimada para imputar a alguien un delito contra la Hacienda pública.

Para defender esta tesis, la abogada del Estado, Dolores Ripoll, llegó a sostener que «Hacienda somos todos» es sólo un eslogan publicitario, que no es aplicable a la infanta.

Pretendía echar así por tierra la decisión del juez instructor José Castro de imputar a Cristina de Borbón, como cooperadora necesaria en los delitos fiscales cometido por su marido, Iñaki Urdangarin.

Sin embargo, el tribunal ha rechazado aplicar la doctrina Botín y ha estimado los argumentos planteados por la abogada de la acusación popular Virginia López Negrete: la representante de Manos Limpias sostuvo que el delito fiscal causa un perjuicio a todos los españoles, lo que faculta a la acusación popular para exigir ante los tribunales una reparación del daño causado.

Triunfa la ‘doctrina Atutxa’ y la acusación popular

De este modo, la llamada doctrina Atutxa –que permitió condenar al ex lehendakari por desobediencia al Supremo, al negarse a disolver el grupo parlamentario de Batasuna– si ha impuesto a la doctrina Botín, que sirvió para absolver al banquero en el caso de las cesiones de crédito.

Cristina de Borbón se sentará por tanto en el banquillo a partir del próximo 9 de febrero, como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos por su marido. Manos Limpias pide para ella penas que suman 8 años de cárcel y una multa de dos millones de euros.

La decisión del tribunal también supone un espaldarazo para la institución de la acusación popular que, como sostuvo López Negrete, ha sido durante los últimos años un “instrumento fundamental contra la corrupción para evitar que poderes y élites políticas de este país puedan no estar bajo la ley”. La aplicación de la doctrina Botín habría dejado herido de muerte a este mecanismo de la Justicia.

Junto a la infanta Cristina se sentarán en el banquillo otros 17 acusados. Las solicitudes de penas más elevadas son para Iñaki Urdangarin y su ex socio Diego Torres, acusados de haberse embolsado 3,5 millones de las administraciones valencianas, 2,5 millones del Govern balear y 114.000 euros en donaciones simuladas del Ayuntamiento de Madrid, a través de un entramado de sociedades.

Los procesados deberán responder de los presuntos delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad documental por particulares, falsedad en documento público por funcionario, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo.