Le okuparon la casa y la solución que le dio Servicios Sociales es para echarse a llorar: «Denunciar falsamente a…»

• Blanca Espada @blank7133
• Redactora de contenidos en OkDiario. Escribiendo para blogs y empresas de contenidos digitales desde 2007.
• • 03/07/2025 08:45
  • Actualizado: 03/07/2025 09:49

Perder tu casa no siempre implica dejar de pagar una hipoteca. A veces, como le ocurrió a la protagonista de esta historia, Mari Carmen, basta con marcharte una temporada para que, al volver, encuentres tu hogar en manos de otros. Esta vecina de Churriana, en Málaga, lleva cuatro años intentando recuperar su vivienda, ocupada por una familia que se ha declarado vulnerable. Lo grave no es sólo la larga batalla legal, sino la recomendación que asegura haber recibido desde los propios Servicios Sociales: presentar una denuncia falsa por violencia de género para tener más opciones de recuperar su casa.

El caso se dio a conocer en el programa En Boca de Todos, de Cuatro, y desde su emisión no ha dejado de generar indignación. No sólo por la angustia de la afectada, sino porque revela una grieta en el sistema que debería proteger tanto a las personas sin recursos como a quienes ven usurpadas sus propiedades. Que desde una institución pública se sugiera cometer un delito para solventar una injusticia deja al descubierto hasta qué punto la ley puede volverse contra quien la respeta.

Mari Carmen asegura que su situación ha cambiado: ya no está enferma, se ha divorciado y necesita recuperar su casa. Pero se ha topado con el problema de la ocupación de su vivienda y además, que las personas ocupantes estén alegando vulnerabilidad. Y lo peor es que, según denuncia, nadie se encarga de comprobar si dicha vulnerabilidad sigue existiendo o si ha sido utilizada como estrategia para quedarse indefinidamente en un hogar que no es suyo.

Le okupan la casa y esto es la solución que le da Servicios Sociales

Durante una conexión en directo con el programa, la periodista Ana Boyó soltó la bomba: “El consejo que le han dado a Mari Carmen es que denuncie falsamente a su exmarido por violencia de género para ser más vulnerable que los inquilinos okupas”. La propia afectada lo corroboró, añadiendo que la sugerencia vino de una trabajadora municipal del Ayuntamiento de Churriana.

Esta indicación, que escandalizó incluso al presentador Nacho Abad, abre un debate incómodo: ¿hasta qué punto algunas instituciones están dispuestas a retorcer el sistema para intentar compensar su propia inoperancia? Porque pedir a una ciudadana que se sitúe fuera de la ley para recuperar lo que le pertenece legalmente es, sencillamente, inadmisible.

Mari Carmen, entre la incredulidad y el desconcierto, lamentó no haber grabado ese momento. “Me quedé estupefaciente, no me lo podía creer”, explicó durante el programa. Aunque no quiso especular sobre qué le habría pasado a su exmarido de haberse materializado esa falsa denuncia, dejó claro que jamás contempló seguir ese camino. Su lucha ha sido, en todo momento, dentro de los cauces legales. Y eso, precisamente, es lo que la está dejando en desventaja.

Una ley que protege, pero a veces a quien no debe

El matrimonio portugués que ocupa la vivienda de Mari Carmen vive allí con sus tres hijos. Alegaron ser una familia vulnerable y consiguieron frenar una orden de desahucio de 2023. Pero según la afectada, esa condición de vulnerabilidad no ha sido revisada desde entonces. «Estoy segura de que están trabajando en ‘b’, pero nadie lo comprueba», denuncia con impotencia.

Esa falta de seguimiento por parte de los Servicios Sociales ha dejado a Mari Carmen atrapada en una burocracia que, en lugar de ayudar, le pone obstáculos. «Todo depende de mí. Yo tengo que demostrar, investigar, presentar pruebas… pero ellos, nada. No investigan», lamenta.

Y a eso se suma la sospecha de que uno de los ocupantes podría tener antecedentes en su país. Según explicó en directo, el hombre tiene notificaciones de acusación por parte de la policía portuguesa. Aunque esto, en teoría, debería influir en el proceso, la realidad es que no parece tener ningún impacto práctico. Los informes se quedan en un cajón y, mientras tanto, la propietaria sigue fuera de su propia casa.

El drama silencioso de muchas familias en España

El caso de Mari Carmen no es único, pero sí especialmente representativo de lo que muchas familias viven en España cuando sufren una ocupación. La lentitud judicial, la falta de coordinación entre instituciones y la paradoja de que quien cumple la ley sea quien más pierde, convierten este tipo de situaciones en auténticas pesadillas.

No es extraño que haya quien se plantee tomar decisiones desesperadas, aunque sean ilegales. Pero que esa posibilidad se ponga sobre la mesa desde un organismo público es una señal alarmante del desgaste del sistema. Porque lo que necesita una víctima de ocupación no es que le animen a mentir ante un juez, sino respaldo jurídico, agilidad y, sobre todo, justicia.

Como bien señaló Nacho Abad en pleno directo, esta situación «es para mirársela», y la solución que se propuso a Mari Carmen, «para denunciar». Y no sólo por lo que implica a nivel personal, sino por lo que refleja del funcionamiento institucional.