El PP decidirá este martes si toma represalias contra el diputado Gómez de la Serna por el caso de las presuntas comisiones
El Comité de Derechos y Garantías del PP se reunirá este martes y «tomará las decisiones correspondientes» respecto del diputado Pedro Gómez de la Serna, quien presuntamente cobró comisiones por intermediar en contratos de empresas españolas en el extranjero siendo diputado, en colaboración con el también diputado y diplomático Gustavo de Arístegui, cesado recientemente de su puesto como embajador en la India.
Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maíllo, después de conocerse que Gómez de la Serna ha retirado, a través de un procurador, la credencial que le corresponde como diputado electo por Segovia y que ha de entregar en el Congreso para poder recoger el acta, lo que indicaría que no tiene voluntad de renunciar a su escaño, que es lo que le ha pedido el partido.
«Se puede recoger el acta y luego no tomar posesión», ha señalado Martínez-Maíllo, que se ha limitado a señalar que será el martes el Comité de Derechos y Garantías del PP el que tomará las decisiones oportunas.
El PP podría suspender temporalmente de militancia a Gómez de la Serna, lo que impediría al diputado adscribirse al Grupo Popular en el Congreso. Sin embargo, el partido no tiene capacidad para quitarle el escaño, por lo que si él no renuncia, podría ejercer de diputado adscrito al Grupo Mixto.
Martínez Maíllo ha querido subrayar que en cuanto tuvo conocimiento de los hechos, el PP actuó «con toda la diligencia» y «con toda la rapidez, sin prejuzgar nada». Gómez de la Serna fue expedientado y apartado de la campaña electoral tras ser acusado por un antiguo colaborador de haber cobrado comisiones durante su etapa como diputado por actuar como ‘conseguidor’ de contratos en el extranjero para empresas españolas.
Pese a las peticiones de renuncia durante la campaña, al considerar muchos colegas de partido que su actividad no era ética ni estética, el ‘popular’ finalmente no accedió a la solicitud y se mantuvo en la candidatura –solo él tiene potestad para abandonar una vez aprobadas las listas–. Desde el primer momento De la Serna defendió la legalidad de su actividad, que declaró y fue autorizada por el Congreso, y atribuyó la acusación del antiguo colaborador a un chantaje.
Fuentes ‘populares’ indican que el partido mantiene un cauce abierto de comunicación con el diputado, al que ven en cambio «enrocado» en su posición de no renunciar al escaño.
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