El doble rasero de Sánchez: víctimas de ETA hasta nietos pero víctimas de Franco hasta bisnietos

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 07/07/2022 06:53
  • Actualizado: 07/07/2022 08:16

La Ley de «Memoria Democrática», que el Gobierno de Pedro Sánchez sacará adelante gracias al apoyo de Bildu, recoge una amplia consideración de «víctimas» de la Guerra Civil y la dictadura. La categoría, que incluye -como ha publicado OKDIARIO- a los familiares «hasta el cuarto grado» -primos y bisnietos- supera así a la Ley de Víctimas del Terrorismo, que limita la consideración hasta el «segundo grado», es decir, los nietos.

Según el texto de la ley, que la próxima semana será aprobado en el Congreso de los Diputados, serán consideradas «víctimas» no únicamente quienes hayan sufrido la represión franquista desde 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978. También sus «descendientes, ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado».

Aunque esta definición, en su literalidad, llegaría hasta los tataranietos, desde el Ministerio de la Presidencia, a preguntas de este periódico, lo acota a los bisnietos. También los primos serían reconocidos como tal.

Fuentes gubernamentales señalan que se trata de una definición a efectos, básicamente, administrativos, para que estos allegados puedan ejercer la representación en casos como la localización de fosas o el cotejo de ADN.  También, en definitiva, para instar las acciones de «reconocimiento» y «reparación» que recoge la ley.

Así, según la norma, serán «víctimas» los familiares de los «fallecidos o desaparecidos»; de aquellos que sufrieron «privaciones de libertad o detenciones arbitrarias, torturas o malos tratos como consecuencia de la Guerra, la lucha sindical y actividades de oposición a la dictadura»; de los que sufrieron «deportación, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración»; de los exiliados o de quienes padecieron incautaciones y pérdida total o parcial de bienes; de personas LGTBI que sufrieron represión.

También se incluye a los allegados de quienes fueron «depurados o represaliados profesionalmente por ejercer cargos y empleos o trabajos públicos durante la Segunda República o por su oposición a la dictadura»; de niños y niñas «sustraídos» o, entre otros, de «personas represaliadas o perseguidas por el uso o difusión de su lengua propia».

Estos podrán solicitar la «declaración de reparación y reconocimiento personal» en caso de que el familiar haya fallecido. Aunque la ley no recoge por ahora medidas de carácter económico, las enmiendas pactadas por el Gobierno con sus socios sí abren la posibilidad de indemnizaciones para lograr una «reparación integral» que habrá que ver ahora cómo se concreta. Sánchez ha acordado ya la creación de una comisión para la devolución de bienes y dinero incautado durante el franquismo.

Terrorismo

Por su parte, la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, reconoce como «víctimas», exclusivamente ·a efectos honoríficos», al «cónyuge del fallecido o persona ligada con él por análoga relación de afectividad, los padres y los hijos, abuelos y hermanos». Además, son titulares de los derechos de la ley «los familiares de los fallecidos y de los heridos que hayan sufrido lesiones incapacitantes en sus distintos grados, hasta el segundo grado de consanguinidad», sin derecho a compensación económica alguna.

Durante el proceso de negociación de enmiendas, el Partido Popular intentó, sin éxito, acotar la consideración de «víctima» del franquismo únicamente a los fallecidos y desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura.

En su enmienda a la totalidad, los populares también destacan que la nueva ley creará un Fiscal de Sala «para la investigación de los asesinatos que ocurrieron hace casi noventa años» mientras «se niega a las víctimas del terrorismo de ETA esa misma figura para investigar los 379 crímenes aún sin resolver de hace apenas unos lustros.».

En este sentido, apuntaban que la Asociación Dignidad y Justicia -que preside Daniel Portero, hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero García, asesinado por ETA el 9 de octubre de 2000- «se queja de que lo máximo que han conseguido las víctimas de ETA de este Gobierno (reparador y sensible sólo con las víctimas de hace casi un siglo) es el nombramiento de un fiscal coordinador en la Audiencia Nacional, frente al despliegue de medios para la creación de la Fiscalía en este proyecto de ley para las víctimas de la guerra civil y la dictadura». Desde el PP lamentan en su enmienda lo que califican de «una nueva humillación y desprecio del Gobierno a los centenares de padres, viudas e hijos» de las víctimas del terrorismo.