Los diplomáticos denuncian que hubo más instrucciones posteriores a la de Sofía Puente para acelerar las nacionalizaciones masivas

Los diplomáticos españoles denuncian que hubo más instrucciones posteriores a la de la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, para acelerar las nacionalizaciones masivas a través de la controvertida Ley de Nietos.

Fuentes diplomáticas revelan a OKDIARIO que «muchos cónsules fueron pidiendo aclaraciones ante la casuística que fue surgiendo» sobre la aplicación de dicha instrucción. Y en tales casos, señalan las mismas fuentes, estos cónsules recibieron esas instrucciones para ampliar la nacionalización a descendientes de emigrantes por razones económicas antes de la Guerra Civil, siguiendo el criterio del Ministerio de Justicia de beneficiar no sólo a los familiares de exiliados políticos.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que dirigía Sofía Puente —hermana del actual ministro de Transportes, Óscar Puente—, dependía del Ministerio de Justicia dirigido por Félix Bolaños. La instrucción de Puente del 25 de octubre de 2023 —dictada solo cinco días después de publicarse en el BOE la Ley de Memoria Democrática o Ley de Nietos— es la que investiga ahora el Tribunal Supremo tras haber suspendido las inscripciones en el voto CERA de quienes han sido nacionalizados a través de dicha instrucción.

Las fuentes diplomáticas consultadas sostienen que esas otras instrucciones posteriores existen, teniendo conocimiento de las mismas la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que encabeza José Manuel Albares.

De hecho, existe un oficio -al que ha accedido OKDIARIO- firmado por Sofía Puente en mayo de 2023 en respuesta a una serie de dudas planteadas por el Servicio Exterior a través de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos Consulares, que depende de dicha Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares.

En ese oficio, Puente establece que no hay «ningún requisito dirigido a limitar generacionalmente este derecho» de solicitud de la nacionalidad española a través de la Ley de Nietos. Y en varios pasajes de este oficio, la alto cargo del Gobierno habla directamente de «taratanietos» y «bisnietos» como beneficiarios de esta concesión del pasaporte español, y por tanto, del derecho a voto en España, independientemente de si son descendientes de exiliados políticos o no.

Entretanto, desde la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) emitieron este martes un comunicado, titulado La Ley de Nietos y el papel que deben cumplir los cónsules, donde admiten que hubo más directrices posteriores a la de Sofía Puente.

«Es necesario destacar que la Ley de Memoria Democrática y, sobre todo, tras la interpretación extensiva de la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 25 de octubre de 2022, así como sucesivas interpretaciones en el mismo sentido, ampliaban muy significativamente el número de potenciales solicitantes, pero sin preparar a la red consular para gestionarlo del modo que sería deseable para una eficiente Administración pública en el siglo XXI», señala la nota de la ADE.

«En consecuencia, se fueron adoptando medidas sobre la marcha, incluidas las indispensables herramientas electrónicas, y, al aproximarse el final del plazo para presentar las solicitudes, soluciones extraordinarias para atender a varios miles de interesados. Por lo tanto, desde el punto de vista de la ADE, en este caso, como en muchos otros, ha habido imprevisión y ausencia de planificación», lamenta la asociación sobre la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez.

«Se trata de otro ejemplo de la dejadez, incluso desidia, de la que es objeto nuestro Servicio Exterior. La ADE viene alertando de que esta actitud de sucesivos gobiernos e instituciones del Estado conlleva serias consecuencias y en la actualidad ello se demuestra ante toda la ciudadanía», prosigue la nota.

De esta forma, la Asociación de Diplomáticos Españoles remarca que numerosos consulados se encuentran en una situación crítica respecto al personal asignado y a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, debido a una crónica precariedad presupuestaria. Sencillamente, no dan abasto», asegura este colectivo.

Y añade: «Todos los integrantes de esas unidades consulares son personas trabajadoras que optimizan al máximo sus jornadas laborales, cuando no las amplían sin compensación retributiva, para servir en el extranjero a ciudadanos españoles y a quienes se les ha otorgado el derecho a aspirar a serlo», recoge el comunicado ADE.

Moción del PP en el Senado

Cabe recordar que el PP ha presentado una moción en el Senado sobre el impacto de la Ley de Memoria Democrática en el censo electoral, un texto que se vota este miércoles en la Cámara Alta y donde uno de los puntos, como avanzó OKDIARIO, sugiere la existencia de otras «instrucciones polémicas» en los consulados para agilizar estas nacionalizaciones masivas.

En concreto, el punto sexto pretende que el Senado emplace al Gobierno a informarle sobre «los criterios empleados para la tramitación y resolución de los expedientes, incluyendo las instrucciones, circulares, notas interpretativas o criterios administrativos utilizados por los órganos competentes para aplicar la disposición adicional octava».