Conciertos multitudinarios, compra de móviles con el dinero presupuestado para combatir el coronavirus o desastrosos repartos de mascarillas han sido sólo algunas de las medidas que varios ayuntamientos socialistas de los municipios de Madrid han llevado a cabo durante los últimos meses.
El PSOE ha jaleado las protestas celebradas durante los últimos días contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para criticar las medidas «segregadoras» que se han llevado a cabo para frenar la expansión del Covid. Lo que no relatan los socialistas han sido las desastrosas iniciativas que han llevado a cabo ayuntamientos donde el partido de Pedro Sánchez tiene el poder.
El Ayuntamiento de Pinto tuvo que suspender una chocolatada en la que tenía previsto reunir a casi 1.000 personas. El consistorio tomó la decisión después de que la Comunidad le avisase de la imposibilidad de la celebración debido a la situación sanitaria. La entrega de mascarillas tampoco fue la más ejemplar. Muchos de los ciudadanos se quejaron de que los paquetes llegaron mal cerrados y, en ocasiones, con menos de las cinco mascarillas que es lo que debían contener los envoltorios.
En Alcorcón los socialistas usaron el dinero presupuestado para la lucha contra el virus en comprar ordenadores, móviles e, incluso, filtros de piscina. Además, el consistorio no ha sido capaz de controlar los botellones que se han llevado a cabo en el municipio durante la pandemia.
En Getafe la alcaldesa socialista Sara Hernández llegó a afirmar que la limpieza de las calles no servía para nada a pesar de que es una de las medidas más extendidas por el territorio español.
Móstoles, que también se encuentra gobernado por socialistas, continúa con muchos de los servicios municipales colapsados, tal y como denuncia el Partido Popular.
«Transcurridos casi seis meses desde la constitución de esta Comisión, el Gobierno socialista mantiene los servicios municipales inactivos, bajo mínimos y en algunos casos colapsados», ha señalado en un comunicado la portavoz del PP, Mirina Cortés, quien insiste en la necesidad de reactivar las actividades municipales.
En Parla parecen no conocer la importancia del cumplimiento de los aforos para frenar la expansión de la pandemia. El Ayuntamiento de Parla, gobernado por PSOE y Podemos, ha sido incapaz de controlar la afluencia de su piscina municipal del Complejo Polideportivo Javier Catillejo donde la empresa concesionaria no cumplió con las medidas de seguridad e higiene.
Fuenlabrada, que posee varias zonas con restricciones de movimiento, pasó los primeros quince días del Estado de alarma sin tomar medidas de prevención. Además, anunció test para toda la población que nunca se llevaron a cabo.
En Leganés uno de los grandes perjudicados ha sido el hospital Severo Ochoa cuyo IBI ha ascendido a 521.309 euros al año.
«Ese dineral, que sale del presupuesto de la Comunidad de Madrid, se debería destinar a paliar la crisis económica, social y sanitaria que atravesamos a causa del Covid, pero el alcalde socialista prefiere esquilmar a la sanidad pública con impuestos injustos y desorbitados», ha denunciado el portavoz del Partido Popular de Leganés, Miguel Ángel Recuenco.
