Desarticulada una red de narcotráfico en Cataluña: tres absueltos en una operación con 22 detenidos
La Fiscalía solicitaba penas que alcanzaban los 18 años de prisión
La Audiencia Nacional ha dictado sentencia en una de las mayores operaciones contra el narcotráfico realizadas en Cataluña, que culminó en 2021 con 22 detenciones. El fallo judicial ha resultado en la absolución de tres de los acusados, mientras que el resto enfrentan condenas de hasta 15 años de prisión y multas millonarias. Entre los absueltos se encuentra uno de los principales investigados, defendido por el despacho Ospina Abogados, que ha logrado demostrar la falta de pruebas que vincularan al acusado con los hechos delictivos.
La investigación, iniciada en septiembre de 2019 por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de Tarragona, desveló una compleja red criminal que operaba en diversas localidades catalanas. En concreto, se incluían las poblaciones de Sant Vicent de Castellet, Manresa, Llisa d’Amunt, Barcelona y la región de Murcia. Durante dos años, los agentes realizaron exhaustivos seguimientos que permitieron localizar centros de distribución y procesamiento de estupefacientes. Según las investigaciones, la organización no solo se dedicaba al tráfico de drogas, sino que también realizaba operaciones de blanqueo de capitales a través de tres sociedades instrumentales.
Entre los bienes intervenidos destacan más de 75 kilogramos de cocaína con una pureza superior al 70%, más de 1.100 plantas de marihuana, así como una embarcación de alta velocidad valorada en 400.000 euros. Además, entre los alijos más significativos destaca la incautación de 54 kilos de cocaína con una pureza superior al 70% en un sótano de Barcelona, valorados en más de 5 millones de euros, así como otros 22 kilos en una nave de Sant Vicent de Castellet. Además, que se decomisó una plantación indoor de 1.154 plantas de marihuana.
Esta operación policial representa uno de los mayores golpes al narcotráfico en la región catalana en los últimos años, evidenciando la capacidad de las fuerzas de seguridad para desarticular redes criminales complejas, al tiempo que demuestra las garantías del sistema judicial para aquellos casos donde no se puede probar la participación en los hechos delictivos.
La Fiscalía
La Fiscalía solicitaba penas que alcanzaban los 18 años de prisión, siendo la condena más alta finalmente establecida en 15 años, junto con una multa superior a 14 millones de euros. Para el investigado representado por el penalista Juango Ospina, la Fiscalía pedía inicialmente 10 años y 6 meses de prisión, además de una multa de nueve millones de euros. Finalmente, ha sido absuelto.
La representante del Ministerio Público calificó los hechos inicialmente como constitutivos de un delito de tráfico de drogas, un delito contra la salud pública por tenencia de precursores, un delito de contrabando de género prohibido y un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
La sentencia
La sentencia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, destaca la complejidad de la estructura criminal, que contaba con diferentes niveles de responsabilidad y una clara jerarquía. Los cabecillas dirigían las operaciones desde España, manteniendo contactos directos con proveedores colombianos y controlando toda la cadena logística, desde la importación hasta la distribución.
El tribunal ha considerado probado que la organización mantenía conexiones internacionales, principalmente con Colombia, y utilizaba rutas comerciales legítimas para introducir la droga en España, generalmente a través de puertos europeos como Rotterdam. A lo largo de 153 páginas, la Sala detalla cómo la organización operaba a través de empresas aparentemente legales como Strongwave SL, Activa Group Europe SL y Eurocomercio Peninsular SL, utilizadas para dar cobertura a las operaciones de importación de droga y blanqueo de capitales.
Esta sentencia representa un importante golpe al narcotráfico internacional y pone de manifiesto la sofisticación de las redes criminales actuales, que utilizan estructuras empresariales aparentemente legales para encubrir sus actividades ilícitas.
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