El Defensor del Pueblo ‘condena’ a Ribó a publicar sus actas en español para evitar la discriminación

El Defensor del Pueblo ha constatado que el Ayuntamiento de Valencia, dirigido por Joan Ribó (Compromís), no está respetando los derechos lingüísticos de todos los valencianos al imponer el valenciano como único idioma en la publicación de las actas de las sesiones del Pleno municipal y en las resoluciones del gobierno municipal. En una resolución a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el Defensor del Pueblo recrimina al gobierno municipal valenciano por discriminar a los castellanoparlantes.

El Defensor del Pueblo reconoce que la Ayuntamiento está legalmente habilitado para redactar sus documentos en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la región, el español y el valenciano. Pero eso no significa que algunos ciudadanos que desconocen el valenciano, no puedan ver sus derechos lesionados.

En este sentido, el Defensor del Pueblo explica que surge un problema cuando el derecho de la administración municipal valenciano a publicar en uno solo de los dos idiomas oficiales impide a los ciudadanos entender el contenido de las actas y resoluciones, puesto que no todos los ciudadanos de Valencia entienden el valenciano y porque el Ayuntamiento se relaciona no sólo con vecinos de la ciudad, sino también con otros sujetos personales y jurídicos que no residen ni en la capital valenciano ni siquiera en la misma Comunidad autónoma.

De tal forma que -explica el Defensor del Pueblo- «cuando alguno de los acuerdos adoptados afectan de manera individual y específica a determinados ciudadanos, la publicación de las actas podría equivaler en algún caso al cumplimiento de la obligación de notificar a los interesados en un procedimiento las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, por lo que es relevante la lengua que se use para que entiendan el contenido de esos acuerdos».

Entiende el Defensor del Pueblo que cuando el gobierno municipal de Ribó impone exclusivamente el valenciano en sus actas, acuerdos y resoluciones, lo está haciendo sin tener en cuenta una realidad social existente y olvidando que «todos tienen derecho a acceder a la información pública» en los términos previsto en el artículo 105.b de la Constitución, que protege el derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo resuelve instando al gobierno municipal de Joan Ribó a publicar en versión bilingüe tanto las actas de sus reuniones como las del Pleno en la web del Ayuntamiento y en el Tablón de Edictos.