Defensa maniobra para dejar inoperativa a la asociación de militares que le llevó ante el Constitucional

La asociación de militares que llevó a Defensa ante el Tribunal Constitucional por los contratos de los profesionales mayores de 45 años, y sus despidos, demanda a dos altos cargos de las Fuerzas Armadas (FAS) que ‘maniobraron’ para dejar inoperativa a la entidad y bloquear las acciones judiciales en curso.

La Asociación de Militares de Tropa y Marinería (AMTM) ha interpuesto una demanda ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el Secretario Permanente del Consejo de Personal y el Director del Registro de Asociaciones Profesionales de las FAS por una presunta prevaricación administrativa. El órgano judicial ya ha dado traslado a las partes interesadas para su personación.

De acuerdo con la demanda de la AMTM, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, ambos cargos habrían impedido que la asociación denunciante registrase correctamente el nombramiento de su actual presidente, Manuel Lombas, manteniendo en el mismo al vicepresidente de la anterior junta directiva -J.G.N.- que fue expedientado y expulsado de la organización tras «falsificar la firma» de dos compañeros para autoproclamarse secretario general, según la versión de los hechos planteada por la AMTM en sede judicial.

Unos hechos de los que AMTM tuvo conocimiento en 2017 y que fueron objeto de una querella contra J.G.N. que fue cautelarmente archivada por el juzgado y posteriormente ratificada, de manera definitiva, por la Audiencia Provincial de Madrid.

Defensa alegó entonces la existencia de un «conflicto interno» en la AMTM para negar la posibilidad de modificar los datos en el Registro Oficial de Asociaciones de las FAS. Desde la entidad aseguran que para ello sería necesario que existiese una reclamación formal de J.G.N. contra la elección de Lombas, algo que no se ha producido hasta la fecha.

Por su parte, el abogado de J.G.N. confirma a este diario que sí obra «interpuesta una querella» contra los representantes de la AMTM por denuncia falsa y apropiación indebida.

Batalla judicial 

Más de 3 años dura la batalla judicial iniciada por la Asociación de Militares de Tropa y Marinería (AMTM) -representada por Martínez Canevas abogados- contra Defensa para que se declaren inconstitucionales tanto el carácter «eventual» de los efectivos sin oposición, como sus despidos una vez alcanzan los 45 años.

El pasado 29 de enero, el Constitucional comunicaba a la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que debía revisar su propia decisión de rechazar el recurso de casación presentado por la Asociación Militar de Tropa y Marinería, contra la sentencia de 5 de abril de 2018 dictada por la sección octava del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Con ello, permitía a los miembros no funcionarios del Ejército, vinculados a Defensa en régimen no permanente, continuar litigando por su causa y, por primera vez en España, el Tribunal de Garantías admitía resolver una materia inédita: las condiciones laborales de los contratos del personal militar de Defensa.

Recurso pendiente 

A finales de 2016, soldados profesionales de los diferentes ejércitos judicializaron, a través de la Asociación Militar de Tropa y Marinería (AMTM), el procedimiento administrativo en el que denunciaban una situación de “desigualdad” y “discriminación” entre “trabajadores de la misma escala y con idénticas funciones pero con diferentes relaciones de servicio”.

Tres años después, el Constitucional abría la puerta a conocer, en casación, sobre este asunto. Pendiente la decisión de la Sala competente, será la primera vez que el Tribunal de Garantías se pronuncie respecto de la posible vulneración de derechos fundamentales de los militares profesionales en sus relaciones laborales con Defensa.

El Constitucional analiza, desde hace más de 7 meses, la demanda acumulada e individual contra la temporalidad de dichos trabajadores y los despidos que afectan al personal, mayor de 45 años, contratado por dicho  Ministerio. La decisión sentará doctrina ya que nunca antes la más alta instancia judicial había admitido conocer sobre esta cuestión en España.