La defensa de un imputado en el caso Villarejo cree que el CNI ha manipulado el material incautado

La defensa de uno de los imputados en el ‘Caso Tándem’, donde se investiga principalmente las actividades realizadas por José Manuel Villarejo, denuncia que el material incautado por la policía en los domicilios del comisario jubilado en Boadilla del Monte (Madrid) y Estepona (Málaga), podría haber sido manipulado tras haber pasado a manos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El juez Manuel García-Castellón, al frente de la instrucción, ordenó al Centro Criptológico Nacional (CNN), el ente público dependiente del CNI, que analizara los discos duros y ‘pen drives’ requisados al comisario en prisión provisional.

La UDEF también intervino

A mediados de junio, el juez de apoyo del Juzgado Central de Instrucción número 6, Diego de Egea, que estuvo al frente del caso hasta finales de año, autorizó a dos agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional a realizar todo el volcado de los discos duros de 40 terabytes. Con esta operación podrían haber visto la luz archivos secretos de distintas misiones realizadas por Villarejo como «agente encubierto» que afectaría a la estabilidad de España.

El entonces juez de refuerzo remitió un informe, cuyo contenido fue publicado en exclusiva por OKDIARIO, en el que comunicó la adjudicación de las tareas de desprecinto de los archivos a los agentes identificados con los números profesionales 91814 y 120603. Ambos están destinados en la Unidad de Investigación Tecnológica, adscrita a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), como figura en el organigrama de la Dirección de la Policía.

El magistrado ordenó en la diligencia a los técnicos policiales que previo conocimiento del Juzgado, facilitaran «a los funcionarios responsables de la investigación» –de la Unidad de Asuntos Internos- la información extraída.

«Apartaron al INCIBE»

Dos meses después, el juez De Egea valoró la misión encomendada a la UDEF y decidió encargarle este mismo trabajo al Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), dependiente del Ministerio de Economía, «que consideraron más neutral y sin posibilidad de provocar un conflicto de intereses». Sin embargo, este organismo no logró descifrar el material altamente sensible y solicitó más tiempo para averiguar los algoritmos que preceden a los archivos encriptados.

Tras finalizar la comisión de servicio de Diego de Egea en la Audiencia Nacional y situarse el juez titular del JCI número 6, García-Castellón, al frente la causa, en enero de este año, la Fiscalía Anticorrupción le propuso que los dispositivos electrónicos pasaran a disposición del CNI.