Decenas de colegios dispuestos a abrir el 1-O desafían la ley izando banderas independentistas
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La agitación independentista cobra fuerza en Cataluña a 11 días de la Diada y apenas un mes del referéndum secesionista. Cualquier espacio público es susceptible de ser violado por los activistas de la independencia. Los colegios públicos, por ejemplo. Las banderas esteladas nunca se fueron de algunos centros de enseñanza, pero estos días se extienden por otros muchos coincidiendo con el comienzo de curso y la proximidad del referéndum ilegal
Esta imagen pertenece al colegio Vilademany, de Aiguaviva (Gerona), que se ha sumado así a las más de 600 denuncias que Sociedad Civil Catalana ha recopilado de banderas independentistas en lugares públicos, donde su colocación es absolutamente irregular.
Esta otra imagen es del Instituto Lluís Companys de Torderá. Sin estelada, pero con las pancartas que la Asambela Nacional Catalana (ANC) ha diseñado para apoyar el ‘Sí’ en el referéndum ilegal del próximo 1 de octubre.
La colocación de estos símbolos en los colegios no es anecdótica. Representa un desafío de cara al 1-O, donde los centros de enseñanza están llamados a jugar un papel decisivo en el desarrollo del referéndum separatista. De ahí que la Consejería de Educación fuera una de las más afectadas por la purga que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, desatará antes de las vacaciones para desprenderse de los dirigentes más débiles frente al órdago independentista.
El presidente eligió como consejera a Clara Ponsatí, una economista de acerado perfil independentista y vinculada a la Asamblea Nacional Catalana (ANC), el brazo que da cobertura ‘social’ a los promotores políticos de la secesión. Dos días después, dejó su cargo la número dos de Educación, María Jesús Mier, que fue sustituida por Lluís Baulenas, otro funcionario de rápido ascenso acostumbrado a reprender a quien hable castellano en sus reuniones.
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La nueva fanática consellera d'Ensenyament
Reconoce que la enseñanza está en manos de los independentistas y su doctrina pic.twitter.com/RiZk9H6xFI— Soc. Civil Catalana (@Societatcc) July 27, 2017
El testimonio de la directora de un colegio que se resistió a abrir el 9-N se convirtió en una de las pruebas destacadas contra Artur Mas y su responsabilidad en la organización de aquella consulta ilegal, por la que el expresidente catalán fue condenado a dos años de inhabilitación.
Los colegios públicos de Cataluña son propiedad de la Generalitat. Puede hacer uso de ellos fuera de horario lectivo, pero siempre mediante orden previa por escrito, algo que no ocurrió durante el 9-N.En el informe «Déficits de calidad democrática en Cataluña (2015-2017), elaborado por Societat Civil Catalana (SCC), se denuncia con material audiovisual que «el entorno escolar de los niños y adolescentes se ve invadido por símbolos partidistas y mensajes excluyentes que nada tienen que ver con el principio de neutralidad que deben cumplir las instituciones educativas». Y añade: «Para llevar a cabo esta campaña de nacionalización del ámbito académico, se colocan en el interior de las dependencias educativas o en sus fachadas elementos de todo tipo».
Esta foto fue tomada en el Instituto de Arenys. «De las aulas a las urnas», puede leerse en una pancarta colocada en los días previos a la consulta del 9-N. Es una de las múltiples pruebas que aporta el informe de SCC para denunciar el adoctrinamiento en la enseñanza catalana.
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