COVITE pide a Sánchez no apoyar la ley de abusos policiales que considera víctimas a etarras

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) y varias asociaciones policiales han pedido hoy al Gobierno de Pedro Sánchez que no retire el recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca de víctimas policiales, porque, si eso ocurre, el Ejecutivo «será cómplice de la falsa teoría de conflicto».

La pasada semana, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, tras una reunión con el lehendakari, Iñigo Urkullu, anunció que ambos gobiernos intentarán este mes desbloquear esta ley aprobada por el Parlamento Vasco en 2016, varios de cuyos artículos están suspendidos temporalmente por el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional presentado por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.

La Ley vasca de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999 fue recurrida por el Gobierno.

Entre otros razonamientos, argumentaba el Gobierno que la comisión de valoración que crea la norma, encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas, no puede entrar a valorar casos de violencia policial, porque es una labor que compete a los jueces.

Hoy, COVITE, junto con el Sindicato Unificado de Policía, la Unión Federal de Policía, la Confederación española de policía, el Sindicato Profesional de Policía, la Asociación Unificada de Guardias Civiles y la Asociación Independiente de la Guardia Civil han hecho público un comunicado conjunto en el que alertan de la gravedad de la retirada del recurso de inconstitucionalidad.

Corresponde al Constitucional

Si se retira, aseguran, «implicaría dejar en manos del Gobierno Vasco una cuestión jurídica que corresponde al Tribunal Constitucional».

COVITE y las asociaciones policiales exigen al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que impida que eso ocurra porque «en su condición de juez es consciente de que dejar fuera del control del Constitucional las leyes promulgadas por el Parlamento Vasco es un ataque severo al Estado de Derecho».

Denuncian que la intención del Gobierno Vasco con dicha retirada del recurso «es que el Estado de Derecho no controle su potestad normativa que en este caso es decidir quién es víctima de abusos policiales y quién no lo es».

De esta manera el Ejecutivo vasco «tendría el empaque legal necesario para perpetuar una falsa teoría de un conflicto en dos partes en torno a los que ha sucedido en el País Vasco en los últimos cincuenta años», añaden.