Los controles técnicos y humanos hacen imposible manipular el resultado de unas elecciones en España

En los últimos días altos cargos de Podemos están recuperando una vieja teoría que, no por mucho repetirla, es cierta: que la pérdida de un millón de votos que registró en las elecciones generales de junio del pasado (frente a las de diciembre de 2015) fue causada por una injerencia en el sistema de recuento. La cercanía de las elecciones autonómicas en Cataluña sirven de excusa para realizar una acusación que implica desconocer cómo funciona el sistema electoral español.

Y es que, por mucho que algunos se empeñen en señalar lo contrario, el escrutinio oficial que alumbra un resultado definitivo en unas elecciones no se puede hackear, ni retrasar de forma voluntaria para manipular los datos, ya que se trata de un proceso que, a pesar de la importancia de la tecnología, sigue teniendo un importante componente manual.

Es cierto que las Administraciones Públicas contraten empresas (mediante concurso) para dar soporte a la captura, transmisión, totalización y difusión de resultados provisionales y de carácter informativo. Pero no se trata de resultados vinculantes de cara a la proclamación de electos, tarea que es realizada por las Juntas Electorales, con base a las copias originales de las actas de escrutinio firmadas a su vez por los responsables de las Mesas Electorales.

Esto implica que las empresas encargadas del soporte tecnológico  de los comicios no realizan recuentos de los votos, sino que esta es una tarea de los miembros de mesa en el colegio electoral, bajo la supervisión de los correspondientes interventores de los partidos políticos, coaliciones o agrupaciones que concurren a la elección. Los resultados oficiales son procesados por las Juntas Electorales Provinciales a partir de las actas presentadas físicamente en los juzgados por los presidentes de las mesas electorales en la noche de las elecciones.

Además, los interventores de los partidos y los miembros de mesa garantizan la transparencia de la elección, ya que participan tanto en el recuento de los votos en la mesa, como en la elaboración y transporte de las actas hasta los juzgados. Y por si todo ello no fuera suficiente los partidos políticos también conservan una copia de los resultados de todas las mesas hasta el escrutinio definitivo. Es decir, que los controles técnicos y humanos facilitan las máximas garantías en el escrutinio. O si lo prefieren con otras palabras: que es imposible alterar los resultados electorales.

No obstante, y para que los ciudadanos que votarán en las autonómicas del próximo 21 de diciembre puedan estar tranquilos, fuentes gubernamentales recuerdan que “la Administración aplicará las máximas medidas de seguridad en las diferentes tareas relacionadas la recogida y difusión de los datos del escrutinio provisional”, manteniendo “el mismo sistema de trabajo que llevó a cabo en las elecciones de 2015 sin aplicar modificaciones que supongan sistemas diferentes a las de entonces”.