España
'Ley de Nietos'

Los consulados admiten que nacionalizan hasta tataranietos gracias a la instrucción de la hermana de Puente

Admiten que la 'Ley de Nietos' "no menciona" esos supuestos "pero se están admitiendo a trámite"

La alto cargo que firma la orden para dar el derecho al voto a nietos de falsos exiliados es la hermana de Óscar Puente

El PSOE revela su estrategia: captar a los nacionalizados de «provincias pequeñas» donde menos votos le separan del PP

Los consulados nacionalizan a descendientes de ‘exiliados’ que emigraron 54 años antes de la Guerra Civil: aquí está la prueba

La polémica por la Ley de Memoria Democrática, más conocida como Ley de Nietos, se ha convertido en los últimos días en protagonista del debate político. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Sánchez de hacer «ingeniería electoral» con la nacionalización masiva, que ampliará el número de personas con derecho a voto «mediante la instrucción de un ministerio, no por ley». Las cifras actualizadas dicen que 2,6 millones de personas han solicitado la nacionalidad española. Entre ellos, hasta bisnietos y tataranietos de emigrantes de todo tipo —no sólo exiliados, como era el espíritu inicial de la ley que se aprobó en el Congreso—.

En efecto, la Ley de Memoria Democrática que salió de las Cortes en octubre de 2022 sólo otorgaba el derecho de nacionalidad a los «hijos y nietos» de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo. Fue una instrucción aprobada unos días después, y firmada por Sofía Puente —hermana del ministro y entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia—, la que amplió por la puerta de atrás este derecho, arrogándose la «voluntad» del Congreso y el Senado. Esto ha permitido que descendientes de emigrantes que salieron de España por cualquier motivo —no únicamente por la persecución del franquismo— hayan solicitado, u obtenido ya, la nacionalidad española. Al mismo tiempo, se amplía extraordinariamente el rango generacional de los beneficiarios, alcanzando varias generaciones, hasta los tataranietos.

Así lo admiten los propios consulados. Una circular del Consulado de España en Caracas reconoce que, si bien la Ley de Memoria Democrática «no menciona a tataranietos ni bisnietos, estos casos se están admitiendo a trámite en función de sus disposiciones interpretativas», es decir, la instrucción de Sofía Puente: «¿Puedo tramitar nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática (LMD) si mi tatarabuelo o bisabuelo era español nacido en España, pero mi abuelo, que es el nieto, está fallecido?».

«La LMD no menciona a tataranietos ni bisnietos, aunque estos casos se están admitiendo a trámite en función de sus disposiciones interpretativas. En este tipo de expedientes se debe demostrar que se es descendiente de padre, madre, abuelo o abuela originariamente español. En muchos casos, se trata simplemente de justificar y documentar la línea genealógica desde el bisabuelo o bisabuela nacido en España, y la condición de originariamente español del abuelo o abuela que nacieron en el extranjero. Evidentemente, si faltan piezas en esa cadena documental de ascendientes a descendientes, el expediente puede no ser válido».

La «voluntad» de las Cortes

¿Qué dice la Ley de Memoria Democrática? «Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española».

¿Qué dice la instrucción de Sofía Puente? Que tanto «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles» como «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española» podrán optar a la nacionalidad española.

Un cambio sustancial que la directora de Seguridad Jurídica y Fe Pública argumentó en «una interpretación más acorde con la verdadera voluntad del legislador y el espíritu de la ley», arrogándose así el supuesto deseo de las Cortes. ¿El resultado? Según los últimos datos actualizados, 2,6 millones de personas han solicitado la nacionalidad y ya se han resuelto favorablemente 557.709 expedientes.

Sin embargo, esa nunca fue la intención del legislador, como asegura Puente. De hecho, durante el paso de la ley por el Congreso y el Senado, el PSOE tumbó las enmiendas presentadas por Ciudadanos que buscaban ampliar la nacionalidad a descendientes más allá del exilio. De hecho, en el mismo preámbulo de la Ley de Memoria Democrática se destaca la presentación del acceso a la nacionalidad española como una «medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio».

Este periódico ha documentado en exclusiva cómo descendientes de emigrantes que partieron de España a finales del siglo XIX han logrado la nacionalidad. También ha revelado los actos masivos de jura de la nacionalidad que se llevan a cabo en los consulados y que, en algunos casos, superan incluso el millar de participantes. También, la estrategia del PSOE de movilizar el voto exterior en «provincias pequeñas», donde menos papeletas les distancian del PP.

Todo ello desvela el auténtico interés del partido de Pedro Sánchez con una ley polémica desde sus inicios y de la que ahora se conocen las consecuencias.

El impacto en el censo electoral es evidente. Y cabe recordar que el PSOE fue la fuerza más votada en el exterior en los cuatro últimos procesos electorales: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Entre tanto, el Partido Popular aclara que es partidario de nacionalizar a los descendientes de los emigrantes —no solo exiliados—, aunque «con garantías», y poniendo coto a su alcance —limitado a los nietos—.

Esta empresa se ha acogido a las subvenciones del Gobierno de España cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para las regiones ultraperiféricas para el transporte de mercancías en Canarias. ”Una manera de hacer Europa”