El Constitucional rechaza que Extremadura ofrezca asistencia sanitaria a irregulares

El Tribunal Constitucional (TC) no reconoce el derecho a que la sanidad pública extremeña pueda ofertar un acceso universal de esta asistencia a todas las personas, incluidos los extranjeros en situación administrativa irregular, según la Junta de Extremadura.

Así se lo ha notificado hoy al Gobierno extremeño el Constitucional, que ya anuló por invadir las competencias del Ejecutivo central, el decreto de la Generalitat valenciana que regulaba el acceso universal a la sanidad, una norma que permitía también la atención a todos los inmigrantes en situación irregular.

La Junta de Extremadura ha asegurado en un comunicado que acata la sentencia, aunque no la comparte.

El fallo conocido hoy se refiere al recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de Extremadura de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social, aprobada en julio de 2016 y que, entre otras medidas, establecía que la cobertura sanitaria de los extranjeros no beneficiarios del Sistema Nacional de Salud se haría en esta comunidad autónoma a través de la emisión de una tarjeta identificativa.

La ley planteada por la Junta de Extremadura pretendía establecer, entre otras cuestiones, el reconocimiento del derecho universal a las prestaciones sanitarias de todas las personas, independientemente de la situación jurídica y administrativa.

Diversas comunidades autónomas pusieron en marcha legislaciones y normativas de este tipo a raíz de que el Gobierno restringiera en 2012 la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles.

Según ha detallado el ejecutivo regional, el recurso del Gobierno a los preceptos de la ley extremeña ha sido admitido en el Alto Tribunal por siete votos frente a cinco que sostenían la constitucionalidad de la norma.

El Ejecutivo extremeño viene defendiendo que el derecho a la salud «conecta con la esencia de la condición humana y con la dignidad de las personas».

Sin embargo, la mayoría del TC y el Gobierno de España, que impulsó el recurso, ha señalado el Ejecutivo extremeño, consideran que pueden existir personas no beneficiarias de tal derecho, por lo que deben ser excluidas de las prestaciones que las comunidades autónomas puedan establecer.

En ese sentido, el Ejecutivo autonómico ha lamentado que la sentencia considere que ofrecer sanidad pública y gratuita a los inmigrantes que no han logrado conseguir papeles suponga un choque con áreas que son responsabilidad directa del Estado.