El Constitucional se inclina por suspender la elección de Puigdemont como presidente de la Generalitat

El Tribunal Constitucional (TC) se inclina por admitir hoy a trámite el recurso en el que el Gobierno pide que se anule la designación de Carles Puigdemont como candidato a la Presidencia de la Generalitat. El presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas, ha convocado para este sábado a las 13 horas una sesión del Pleno, que analizará el recurso de 42 páginas registrado el viernes por el Gobierno de Rajoy.

Si finalmente el Constitucional lo admite a trámite, quedaría suspendida la sesión del Parlament convocada para el próximo día 30, en la que debía llevarse a cabo la investidura del nuevo presidente de la Generalitat.

Fuentes próximas al TC señalan que la resolución advertirá expresamente a los miembros de la Mesa del Parlament de que están obligados a acatar esta decisión. Si el presidente de la Cámara autonómica, el independentista Roger Torrent, decidiera seguir adelante con el simulacro de investidura, incurriría en un delito de desobediencia (como hizo en varias ocasiones su antecesora, Carme Forcadell).

El Tribunal Constitucional tiene un plazo máximo de cuatro meses para resolver el recurso del Gobierno y dictar su resolución, en la que quedaría anulada la designación de Puigdemont como candidato. Durante este tiempo, el Ejecutivo de Rajoy mantendrá intervenida la Generalitat en aplicación del artículo 155 (la autorización aprobada por el Senado establecía que seguirá en vigor hasta que sea elegido un nuevo presidente del Ejecutivo autonómico).

Abocados a nuevas elecciones

De acuerdo con la Ley, si antes del próximo 6 de febrero no ha sido elegido el nuevo presidente de la Generalitat, deberán celebrarse nuevas elecciones autonómicas en Cataluña. De este modo, con su decisión de proponer al prófugo de la Justicia Carles Puigdemont como candidato, los partidos independentistas van a provocar la convocatoria de unas nuevas elecciones, en las que podrían perder su mayoría absoluta en la Cámara. Un nuevo pretexto para perpetuar el discurso del victimismo.

El Gobierno de Rajoy ha decidido recurrir la investidura de Puigdemont, a pesar de que el Consejo de Estado estimó que no era el momento procesal oportuno para hacerlo. En su dictamen dado a conocer el jueves, el órgano consultivo confirma que sería una burla a la Constitución elegir presidente de la Generalitat a un prófugo de la Justicia, imputado por los mismos delitos de rebelión y sedición que han llevado a la cárcel a Oriol Junqueras y a los Jordis.

No obstante, el Consejo de Estado considera que no se puede recurrir ante el Constitucional la investidura de Puigdemont como presidente, antes de que se haya producido. Por tanto, el órgano que preside el ex ministro José Manuel Romay Beccaría pone en duda los tiempos elegidos, pero no el fondo de la cuestión.

En el recurso elaborado por la Abogacía del Estado, el Gobierno advierte que la investidura de Puigdemont constituiría un «abuso de Derecho y un fraude a la Constitución». Y permitiría al ex presidente huido de la Justicia seguir adelante con el golpe de Estado que intenta frenar el Tribunal Supremo.

Roger Torrent mantiene el desafío

Además, el Gobierno recuerda que los propios letrados del Parlament han advertido que el reglamento no permite llevar a cabo una «investidura telemática», ya que el candidato a presidente debe estar presente en la Cámara para debatir su proyecto de gobierno con todos los grupos parlamentarios.

Y pese a ello, el presidente de la Cámara, Roger Torrent ha decidido desoír los informes jurídicos de sus propios letrados para mantener el pulso contra el Gobierno y el desafío independentista a la Constitución.