El Congreso apoya que el Supremo juzgue a Laura Borràs por corrupción con los votos de PSOE, PP, Vox y Cs

La Comisión del Estatuto de los Diputados, gracias a los votos de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, ha dado luz verde a tramitar el suplicatorio para que la portavoz de JxCat, Laura Borràs, sea juzgada por el Tribunal Supremo por corrupción.

El resto de partidos parlamentarios se han abstenido o han votado en contra. El voto de Unidas Podemos ha sido abstención, mientras que los grupos separatistas del  PNV y JxCat han votado en contra. Por su parte, ERC y EH Bildu no han participado.

El representante de ERC que debía haber votado, el diputado Joan Josep Nuet, ha explicado que su formación no ha votado porque el juicio del Supremo a Borràs no será «justo» y porque no están dispuestos a «blanquear» supuestas prácticas corruptas o fraudes administrativos.

Aun queda un paso para que Borràs sea juzgada. Una vez que el suplicatorio ha salido adelante en la Comisión, la semana que viene será el pleno el que debe avalarlo.

En la Comisión ha habido dos votaciones de otros tantos dictámenes: uno, redactado por el letrado de la propia Comisión, a favor del trámite; y otro, hecho por JxCat, en contra. El letrado también redactó uno sobre el rechazo al suplicatorio, pero éste no se ha votado.

Las posiciones del PSOE, del PP, de Vox y de Cs para conceder el suplicatorio han avalado el dictamen favorable; en consecuencia, ha quedado descartado el de JxCat.

El pleno tendrá que pronunciarse la semana que viene en una votación a puerta cerrada, tal y como establece el reglamento para aquellos dictámenes que elabore la Comisión del Estatuto de los Diputados que «no afecten a las incompatibilidades» de los parlamentarios, como es el caso.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, si sale el voto a favor en el pleno, comunicará la decisión al Tribunal Supremo y Borràs, por tanto, será juzgada en esta instancia. Como es aforada, sólo puede responder judicialmente ante el alto tribunal.

A la portavoz de JxCat se la acusa de presuntos delitos de malversación, falsedad documental y fraude a la administración, entre otros, por la concesión de una serie de contratos cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.

El suyo es el primer suplicatorio tramitado en lo que va de legislatura.