Conde-Pumpido no resolverá sobre la amnistía a Puigdemont hasta 2026, tras el fallo del Tribunal Europeo

El Tribunal Constitucional (TC) no tiene previsto abordar la deliberación sobre la parte de la Ley de Amnistía que afecta al ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, entre otros, hasta 2026. Según fuentes del TC, ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la Amnistía en lo que se refiere a malversación, el tribunal de garantías va a tomarse su tiempo, como mínimo tres o cuatro meses, y a esperar a que el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) responda a los tribunales españoles que dudan que la Amnistía sea compatible con la legislación europea.

Desde la minoría conservadora del propio TC, cuatro de cuyos cinco vocales votaron contra la admisión a trámite del recurso de amparo del ex presidente catalán, señalan que «ahora van a esperar a ver qué dice el TJUE, antes de tomar una posición, para utilizar la respuesta a su favor». En todo caso, antes de pronunciarse, el TJUE debe escuchar al Abogado General de la UE, Deann Spielmann, que ofrecerá sus primeras conclusiones el próximo 13 de noviembre.

Tras conocer este informe previo, que no es vinculante, pero sí suele tener bastante peso en la sentencia final, será el Tribunal de Luxemburgo el que dictamine sobre la compatibilidad de la Ley de Amnistía con la legislación europea, en materia de malversación o de terrorismo. Pero, los tiempos que manejan en Luxemburgo se acercan a finales de este año.

Sea favorable o no a los intereses de Puigdemont el fallo del TJUE, la mayoría que lidera Cándido Conde-Pumpido dentro del TC prefiere conocer, en primer lugar, la decisión del tribunal de Luxemburgo antes de dictar su propia sentencia, abundando o esquivando los argumentos ofrecidos por el TJUE. Por todo ello, desde el propio TC no creen posible que Puigdemont tenga respuesta a su recurso de amparo, al menos hasta 2026.

Carles Puigdemont, por su parte, espera como agua de mayo una resolución favorable, que le permitiría volver a España sin que pese sobre él la orden de detención cursada en su día por el juez Pablo Llarena, plenamente amnistiado. De hecho, en la última reunión mantenida por el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el propio Puigdemont se habló de la paralización de la Ley de Amnistía por parte del Tribunal Supremo y la necesidad de desbloquearla.

El delito de malversación

Desde Junts presionan al Gobierno de Pedro Sánchez, que se defiende siempre diciendo que ellos cumplieron su parte, aprobando la Ley de Amnistía, pero que el Ejecutivo poco puede hacer ya. Por eso, todas las miradas, las de Puigdemont, pero también las del líder de ERC, Oriol Junqueras, que pretende presentarse como candidato a la presidencia del Gobierno catalán en las elecciones que se celebrarán en 2028, salvo que haya adelanto, están pendientes tanto del TJUE, como del TC.

Solo estos tribunales pueden dar o quitar razón al Tribunal Supremo, que considera que los socios de Sánchez, tanto Puigdemont, como Junqueras, entre otros líderes del procés cometieron -y por ello están condenados, salvo Puigdemont- malversación pública de caudales y que ese es un delito no amnistiable, puesto que colisiona con la legislación europea en esta materia.

Sobre Puigdemont, en base a ese delito, sigue pesando la orden de detención cursada en su día por el juez Llarena, mientras que Oriol Junqueras tiene una condena de inhabilitación que, de no aplicársele la Ley de Amnistía, se mantendría hasta 2031, por lo que no podría presentarse a las elecciones catalanas.