Un concejal de C’s en Murcia imputado se niega a dimitir

Un concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Calasparra (Murcia), Jesús Alajarín Cascales, no ha dimitido pese a estar imputado por un presunto delito de infidelidad de documento público, por el que prestó declaración este mismo viernes en el juzgado.

Este delito -contemplado en el artículo 417 del Código Penal- está incluido en la Ley de Transparencia de la Región de Murcia como uno de los que obligarían a dimitir a un cargo público imputado. Así se recoge en concreto en el artículo 54 de la mencionada Ley, que establece que «en el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca, de forma fehaciente, que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de imputado o figura legal equivalente por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 o 472 a 509 del Código Penal actualmente vigente, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones».

Precisamente, desde Ciudadanos se ampararon en la Ley de Transparencia de la Región de Murcia -además del acuerdo de investidura- para defender la dimisión del entonces presidente, Pedro Antonio Sánchez, tras su imputación en el ‘caso Auditorio’.

Se da además la circunstancia de que el propio edil exigió también la dimisión de Sánchez a través de sus perfiles en las redes sociales. 

Alajarín, que es portavoz de Ciudadanos en esa localidad murciana, está imputado por, presuntamente, haber facilitado al portavoz del círculo de Podemos en Calasparra, Juan Laforet, un documento municipal confidencial. La información fue utilizada posteriormente para presentar una demanda contra el Ayuntamiento. El Consistorio se había negado a facilitarle uno de los documentos -que finalmente sí se adjuntó a la denuncia- por estar sujeto a confidencialidad.

El concejal negó este viernes los hechos en su declaración en el Juzgado de Instrucción número 1 de Caravaca e insistió en que no piensa dimitir, porque «no es un caso de corrupción política» y porque «no se puede equiparar a un procedimiento judicial que venga derivado de un informe pericial, judicial o de Fiscalía».

Según el artículo 417 del Código Penal, «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años».

Además, «si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años».