La comisión de PSOE y Podemos que iba a resolver el precio de la luz cumple 6 meses sin reunirse

La comisión en el Congreso de los Diputados que promovieron el PSOE y Podemos para resolver en seis meses la subida sin precedentes del precio de la luz cumple el plazo que tenía establecido sin ni siquiera constituirse. En septiembre, ante la marejada política que estalló tras las facturas de la electricidad disparadas, los grupos parlamentarios de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz trataron de calmar las aguas registrando la creación de una comisión para abordar el tema. Sin embargo, medio año después no queda nada de esa promesa.

Se trataba de impulsar una comisión no permanente de estudio sobre el precio de la luz y de mejora del sistema eléctrico. Primero, sin contar con su socio de Gobierno, Podemos impulsó una proposición de ley en el Congreso para pedir la creación de una empresa pública de energía. Al día siguiente, los socialistas plantearon una propuesta conjunta acordada con ambos grupos para montar un foro de expertos en la Cámara Baja.

Socialistas y morados impulsaron esta comisión para buscar soluciones a las tensiones del mercado eléctrico que provocaba incrementos de la electricidad, con «consecuencias negativas y graves sobre una parte muy significativa de la población y del tejido económico». El problema fundamental, según afirmaban, es que estos precios tan altos «ponen en situación de estrés las economías de las familias y las pequeñas empresas». Argumentaban que la aprobación este año de la ley de Cambio Climático y Transición Energética y los nuevos paquetes legislativos de la UE («Fit for 55») hacían necesario revisar el mercado energético «y un estudio en profundidad» del sector eléctrico.

Por otra parte, la Mesa del Congreso calificó también una iniciativa de Más País-Equo, Compromís y Nueva Canarias para promover una comisión de investigación sobre el alza del recibo de la luz. Se dijo que no había problema en cambiar la naturaleza de la comisión para que fuera simplemente de estudio. Serviría para escuchar a los expertos y estudiar posibles medidas. Podemos destacó que había que investigar las causas de los máximos históricos en la factura de la luz, al tiempo que era «importante también ofrecer soluciones inminentes a la ciudadanía». Trataron de colocarse la medalla por anticipado porque se iba a llegar a «propuestas orientadas al diseño de un sistema eléctrico que concilie la sostenibilidad ambiental con la justicia social y la competitividad de la economía española».

Prometían reducir la factura final, amortiguar el impacto de la volatilidad de los precios en el mercado mayorista, estudiar modificaciones en el régimen jurídico aplicable a las distintas tecnologías y también realizar propuestas para diseñar un sistema eléctrico basado en renovables «a partir de una transición energética justa».

Se daban un plazo de seis meses, aunque podía ser prorrogado por la Mesa de la Cámara. Iba a contar con dos diputados por cada grupo parlamentario y los acuerdos se adoptarán por voto ponderado. No obstante, como ya hay casi 40 comisiones en marcha, ésta se ha aparcado sine die.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aceptó públicamente la creación de una comisión en el Parlamento, ya que reconoció que se trata de «un asunto complejo», pero incidió en su carácter de estudio, y no de investigación. También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aplaudió días después la propuesta, y apostó por «mirar al presente y al futuro», descartando la crítica a anteriores gobiernos: «No voy a perder el tiempo en revisar acciones y omisiones de anteriores administraciones sobre este asunto», dijo.

La idea de la comisión de estudio, similar a la reciente comisión para la reconstrucción, contemplaba comparecencias de expertos, análisis y diagnóstico de la situación, y debate y elaboración de posibles medidas. Por el contrario, se descartó una comisión de investigación que busca depurar responsabilidades, las comparecencias son obligatorias y mentir está tipificado como delito con penas de hasta un año de prisión. En cualquier caso, ni una ni otra.