El CNI pinchó los móviles de los separatistas en una investigación por terrorismo vinculada a Puigdemont

Las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras conocerse que el Gobierno autorizó el pinchazo telefónico a 18 líderes de la organización independentista Tsunami Democràtic, marcarán un antes y un después. «Quizás algunos que dan lecciones tendrán que callar», aseguraba, en referencia a los separatistas, sin dar más detalles sobre el asunto. Y así será. Pese a que la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, no podrá profundizar sobre la investigación en la Comisión de Secretos Oficiales que se celebra este jueves, puesto que las actuaciones del CNI están sujetas a secreto por ley, podrá aclarar ciertas acusaciones. Una de ellas es la legitimidad de la investigación: según ha sabido OKDIARIO, un juez solicitó investigar a los imputados en el marco de una investigación por delitos graves de terrorismo. Una causa que está vinculada al fugado Carles Puigdemont.

Los resultados de los pinchazos, que contaron en todo momento con el beneplácito del Tribunal Supremo y del Gobierno, se enmarcan en una investigación por un presunto delito de terrorismo que se encuentra bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional. El Juzgado Central de Instrucción número 6 del que es titular el juez Manuel García-Castellón abrió, en octubre de 2019, una causa sobre Tsunami Democràtic, la plataforma separatista que organizó los disturbios en Cataluña tras conocerse la sentencia del 1-O. El instructor pretende desenmascarar al independentismo más extremista y averiguar la dirección, financiación, organización y ejecución de esta organización, que se movilizó a través de las redes sociales y aplicaciones móviles para desencadenar protestas violentas en Cataluña tras conocerse la sentencia por el referéndum ilegal.

Los vínculos con Puigdemont

El juez García-Castellón lleva casi tres años siguiendo en secreto los pasos de los independentistas. Cuando hace un año saltó la operación Vóljov, operativo policial en el que se investigó a un grupo de empresarios catalanes y dirigentes independentistas por el amaño de contratos públicos para desviar fondos al procés, la causa sobre Tsunami Democràtic se «reactivó». Aunque lo cierto es que nunca había estado dormida, puesto que los investigadores avanzaban en sus pesquisas de manera paulatina, pero de repente recayó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona un informe clave sobre esta organización separatista. Fue en ese momento cuando el juez Joaquín Aguirre que instruye la Operación Vóljov, una investigación que comenzó por las sospechas de fraude en subvenciones de la Diputación de Barcelona y que desembocó en una causa por la financiación de la estructura montada por Carles Puigdemont en Bélgica, tuvo que inhibirse de una parte del sumario en favor de la Audiencia Nacional.

En el transcurso de las investigaciones se descubrió que dos implicados en la trama de amaño de subvenciones habían participado en las funciones directivas del Tsunami separatista. Estos eran Xavier Vendrell, ex dirigente de ERC y consejero de Gobernación con el tripartito de Pasqual Maragall, y el empresario de la comunicación próximo a ERC Oriol Soler. El magistrado Aguirre sospechaba que ambos participaron en la estructura organizativa del Tsunami independentista: Vendrell daba las instrucciones y Soler las ejecutaba con el fin de liderar las movilizaciones, según la investigación. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona llegó de manera casual, a raíz de otra investigación, a los cabecillas de la organización y, por ello, remitió estos informes al Juzgado Central de Instrucción número 6.

Según ha podido saber este periódico, las investigaciones que ahora se siguen en la Audiencia Nacional vinculan al prófugo Puigdemont con la organización separatista. Fuentes consultadas por OKDIARIO advierten que, de demostrarse dicha conexión, Bélgica «estará obligada a entregar a Puigdemont a España» porque, apuntan, en el marco de la cooperación entre los países europeos «no se contempla la no colaboración por delitos de terrorismo».