Chivite comienza a indemnizar a las «víctimas de funcionarios del Estado» y las equipara a las de ETA

El Gobierno navarro de la socialista María Chivite ha abierto el plazo de inscripción para que aquellos que lo soliciten puedan ser incluidos bajo la Ley Foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Una norma que inaugura su sistema de indemnizaciones este 2023, y que en la práctica equipara a una víctima navarra de ETA con aquellas que denuncien haber sido «víctimas» de alguna acción de la Guardia Civil u otro cuerpo policial o militar.

A partir de este mes de enero, con su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, comenzará a funcionar el sistema de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política «provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos». La normativa, que entró en vigor en 2019, no disponía aún de un mecanismo para indemnizar por daños físicos o psicológicos a quienes encajen en esta nueva figura de víctima. La que Bildu denomina tradicionalmente como víctimas de la «represión del Estado».

En la práctica, consiste en equiparar a las víctimas de este tipo a las que recoge la Ley Foral 9/2010, que ayuda a las víctimas del terrorismo. De hecho, la cuantía de las indemnizaciones es la misma que la que perciben actualmente aquellos que sufrieron secuelas permanentes por un atentado de ETA, o las familias de quienes fueron asesinados por la banda terrorista. Un total de 42 víctimas mortales en suelo navarro llevan la firma de ETA. 27 de ellos en la capital, Pamplona.

Las solicitudes, según ha informado el Gobierno navarro, «podrán ser promovidas y presentadas por aquellas personas que hayan visto vulnerados sus derechos humanos» siempre que «se hayan producido en un contexto de actuaciones de motivación política; que se hayan realizado en un contexto de actuaciones de motivación política en las que hubieran podido intervenir funcionarios públicos o particulares que actuaban en grupo o de forma aislada e incontrolada; que, como consecuencia de la vulneración de derechos humanos, se haya producido un perjuicio a la vida o a la integridad física, psíquica, moral o sexual de las personas». Pese a que en el título de la ley se habla de la violencia de ultraderecha, en ningún momento se hace mención al otro extremo ideológico.

Hasta 500.000 €

Con esta ley, cualquier persona podrá solicitar un reconocimiento o incluso una compensación de hasta 500.000 euros -equivalente a una invalidez permanente de una víctima de ETA- acusando de agresión física o moral a funcionarios policiales. Principalmente de la Guardia Civil, objetivo prioritario de esta ley, pero también de otros cuerpos policiales y militares.

El Gobierno navarro, con apoyo de sus socios de Geroa Bai y Podemos, sacó adelante una proposición de ley foral la pasada primavera para poder articular dentro del marco de esta ley este sistema de prestaciones económicas. Según defendió el Ejecutivo de Chivite, la norma «garantiza la equiparación protectora entre colectivos de víctimas diferenciados». Es decir, mete en el mismo saco a todas las víctimas.

“Toda víctima tiene el derecho a ser reconocida y reparada, de manera individualizada, sin equiparaciones sobre las causas de su victimización, sin marginaciones ni exclusiones”, ha señalado la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, al anunciar la entrada en vigor de estas compensaciones económicas.

Enaltecimiento

Mientras tanto, en 2022 se han registrado un total de 69 actos de enaltecimiento a ETA, según ha contabilizado el Observatorio de la Radicalización del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). En total han sido 579 actos los registrados en toda España.

El número de actos de apoyo explícito a ETA y a sus terroristas ha aumentado un 139% con respecto a 2021, año en el que se registraron un total de 228 actos de apoyo a ETA.