El CGPJ tumba el informe que avalaba la chavista Ley de Vivienda del Gobierno de Sánchez

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se reunían este viernes en sesión extraordinaria para estudiar la propuesta de informe al anteproyecto de la Ley de Vivienda, han acordado rechazarlo y cambiar al ponente, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, para volver a estudiar una nueva propuesta a finales de mes en el pleno ordinario del 27 de enero.

El propio CGPJ ha informado de que se ha acordado por 15 votos a 6, rechazar esa propuesta de informe al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda presentada por el vocal Álvaro Cuesta y designar nuevos ponentes, que serán los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas.

El vocal socialista

El borrador del informe sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, elaborado por el vocal Álvaro Cuesta –quien fuera diputado del PSOE–, consideraba que la ley redactada por el Gobierno de coalición «es un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda que recoge la Constitución», aunque entendía que se daba una «falta de concreción» en algunos puntos, especialmente en los preceptos que determinan las reglas de intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas.

El informe indicaba, no obstante, que las consideraciones generales sobre la norma son «favorables». Y añadía que, dado su carácter «básico», el texto del anteproyecto pretendía también «garantizar el cumplimiento de este derecho en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos españoles, sin perjuicio de las competencias que sobre la materia tienen atribuidas las comunidades autónomas».

Informe no vinculante

La propuesta de informe señalaba asimismo que la «inconcreción» e «imprecisión» de otros enunciados y contenidos del anteproyecto «dificulta la definición precisa del derecho que se pretende garantizar». Ponía como ejemplos «la ausencia de un mínimo grado de concreción en la definición de conceptos como infravivienda, vivienda digna y adecuada y condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero» y el establecimiento de los deberes del ciudadano en relación con las actuaciones de conservación, reparación o mejora de la vivienda.

También echaba en falta que el anteproyecto especificara los medios que se emplearán para hacer efectiva la tutela del derecho a la vivienda, explica el CGPJ en un comunicado. Argumenta asimismo que, pese a su carácter básico, el anteproyecto requiere un mayor grado de claridad, por ejemplo, en la identificación del titular del derecho y del sujeto obligado y respecto del modo en que puede exigirse el cumplimiento de dicho derecho.

El Consejo de Ministros tenía previsto aprobar el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda el próximo martes, 18 de enero, y remitirlo al Congreso para su tramitación parlamentaria, para lo cual es preceptivo el informe del CGPJ, aunque no vinculante. Ahora, la decisión de demorará unas semanas más.