Los CDR apelan a la Constitución que rechazan para agitar la huelga que promueve Puigdemont
Los CDR apelan a la Constitución española, que rechazan habitualmente, para agitar una huelga general en Cataluña que promueve desde Waterloo el ex presidente Carles Puigdemont. Se trata de un paro convocado por el sindicato independentista Intersindical-CSC escudado detrás de mejoras laborales. Sin embargo su constante cambio de fecha para hacerlo coincidir con el juicio del 1-O lleva a Foment de Treball a insistir en que se trata de una "huelga con motivaciones políticas”.
Los autodenominados ‘comités en defensa de la república’ (CDR) apelan a la Constitución española que rechazan para agitar la huelga general, convocada en principio para el 21 de febrero, y que promueve Carles Puigdemont desde Waterloo.
“El derecho a la huelga tiene una consideración, por encima de muchas otras, y es que es un derecho fundamental recogido en la Constitución”. Así reza nada menos que la primera frase de las normas de la huelga que están repartiendo y divulgando los CDR.
El grupo independentista apela al Artículo 28, apartado 2 de la Carta Magna: “Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”. Toda una contradicción en sí misma, ya que por primera vez los CDR dan por buena la Constitución española.
Detrás de esta huelga general está el sindicato independentista Intersindical-CSC que reclama la implantación de un salario mínimo catalán de 1.200 euros o la recuperación de las “leyes sociales suspendidas por el Tribunal Constitucional”. Pese a que se escudan bajo el paraguas laboral, lo cierto es que el sindicato ha movido las fechas para hacer coincidir el paro con el arranque del juicio del 1-O en el Tribunal Supremo.
Incluso la propia patronal catalana, Foment de Treball, que preside el ex dirigente de Unió Josep Sánchez Llibre, considera que detrás la convocatoria que alientan los CDR lo que hay es una «huelga con motivaciones políticas”. Y es que, aunque se ha convocado para el 21 de febrero, la fijación de esta huelga ha sufrido numerosos cambios.
El pasado 25 de enero, el sindicato independentista Intersindical-CSC registró un preaviso en el departamento de Trabajo del Govern de lo que sería una huelga general de tres días. Tras conocerse el pasado viernes que el Tribunal Supremo arrancaría el juicio del 1-O el 12 de febrero, el sindicato desconvocó dos de los tres días de paro, y anunció que, finalmente, los trabajadores serían llamados a movilizarse sólo el día 7 de febrero. Sin embargo, este martes ha vuelto a cambiar la fecha al 21 de febrero para garantizar que el seguimiento «es masivo».
Puigdemont tras la huelga
A todo ello se suma el llamamiento de Carles Puigdemont desde Bruselas a secundar de forma masiva esta huelga general. Este lunes, el ‘Consejo por la República’ aprobó «por unanimidad de todos sus miembros» la huelga general en Cataluña. El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, argumentó desde Waterloo que «esta huelga servirá para hacer avanzar a la sociedad catalana y a sus trabajadores, de manera clara y decidida, por el camino de la justicia social y de la libertad”.
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