El Govern ha recortado el dinero de la Sanidad el 20% y ha incrementado el de sus embajadas el 80

Tras meses hablando únicamente de la denominada ‘república de Cataluña’, el gobierno de Quim Torra se ha enfrentado a la realidad que supone gestionar una autonomía. La dejadez de sus funciones desde la toma de posesión en las cuestiones del día a día, para centrarse únicamente en el proceso separatista, ha provocado el fin de la paciencia de distintos colectivos de funcionarios de la Generalitat, que haciéndose suyas las palabras del propio Torra de “apretad, hacéis bien en apretar” han salido a la calle a defender el estado del bienestar.

Este miércoles, frente al Parlament, médicos y bomberos clamaron por una mejora de sus condiciones laborales, un mayor número de efectivos y más y mejor material de trabajo que no comprometa su seguridad. Se trata de colectivos que antes de la explosión del movimiento separatista ya se habían manifestado contra el Gobierno de Artur Mas, pero que en los últimos meses habían suavizado sus reivindicaciones para ponerse al frente precisamente de las independentistas, hasta el punto de cómo pasó durante la jornada de este martes, enfrentarse a sus compañeros de los Mossos.

Ya con Artur Mas al frente de la Generalitat, el independentismo empezó a pasar la tijera por los servicios sociales para destinar mayor número de recursos a la promoción de Cataluña en el exterior y a la celebración de los dos referéndums, el del 9-N y el 1-O. De esta forma, el ejecutivo catalán pasó de invertir el 35,5% de su presupuesto anual durante la etapa del tripartito de izquierdas a la sanidad pública a destinar sólo el 28,8% durante el último gobierno de Carles Puigdemont, una caída del 6,7% de la inversión y que deja la tasa de inversión de presupuesto público en Cataluña casi cinco puntos por debajo de la media autonómica.

Tras meses hablando sólo de la ‘república de Cataluña’, el Torra se enfrenta a la realidad de gestionar una autonomía

Desde el fin de la aplicación del artículo 155 que supuso la intervención de la Generalitat hasta ahora, el ejecutivo de Torra ha dedicado un mayor esfuerzo a restituir todo lo relacionado con el proceso y la acción diplomática de Cataluña -reabriendo y creando nuevas embajadas cuyos alquileres superan en algunas delegaciones los 780.000 euros anuales- que a mitigar los problemas sociales de sus ciudadanos, provocando listas de espera en la sanidad pública de hasta dos años para visitas pediatricas o un colapso total en los centros de acogida de menores, obligando a dormir a algunos de estos inmigrantes sin papeles menores de edad que llegan a Cataluña a dormir en comisarías.

Un 15,6% de profesionales menos

Desde el año 2010, las cifras hablan por sí solas. Mientras el presupuesto destinado a acción exterior se ha multiplicado casi en un 80%, el de sanidad se ha reducido un 20%, llegando a perder más de 1.000 millones de euros. Esto, de cara a trabajadores y usuarios, ha supuesto un mayor tiempo de las listas de espera, lo que conlleva mayor carga de trabajo, el cierre de algunas unidades y una mayor racionalización del material médico.

Los centros de atención primaria del Instituto Catalán de la Salud, sin ir más lejos, han dicho adiós en cinco años a 1.064 profesionales de la salud, lo que supone un 15,6% de su plantilla, básicamente enfermeros y administrativos, lo que hace más lento todo el proceso sanitario. Los médicos, por su parte, han tenido que trabajar un 17% más, ya que si antes visitaban un promedio de 3.827 usuarios por año, ahora visitan a más de 4.491, lo que significa que el tiempo de atención por paciente se ha reducido a menos de diez minutos. Insuficiente, denuncian los médicos.

500.000 horas extras

Los Bomberos de la Generalitat también están que arden. Se quejan de que el ejecutivo de Quim Torra no haya destinado ni un solo euro al proyecto estratégico que se aprobó para el cuerpo el año pasado con Puigdemont al frente del ejecutivo y que tenía validez hasta 2022. En él, se planteaba la creación de nuevas plazas para el cuerpo de Bomberos, que ponga fin a una sobrecarga de trabajo, que en muchos casos les hace sumar más de 230 horas extras que el resto de sus compañeros de los cuerpos de seguridad en Cataluña, alrededor de unas 500.000 horas extras al año en el cómputo de todos los Bomberos, que deberían ser empleadas por nuevos contratos.

Los profesionales de extinción de incendios, que fueron muy activos en sus movilizaciones hace unos cinco años, paseando sus quejas con pintadas en los camiones de emergencia, también piden más y mejores herramientas para realizar su labor. Denuncian que los vehículos con los que trabajan son muy antiguos y que en ocasiones carecen de distintos sistemas de seguridad, que pone en riesgo su vida y la de los catalanes.