La Fiscalía teme que el apoyo del PDeCAT y ERC a la moción «tenga un precio» en la causa del golpismo

Carles Puigdemont
Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat de Cataluña. (Foto: AFP)

La Fiscalía se teme que el apoyo del PDeCAT y ERC a la moción de censura de Pedro Sánchez contra el Gobierno de Mariano Rajoy «tenga un precio» en la causa contra el golpismo que instruye el magistrado Pablo Llarena en el Tribunal Supremo.

Sánchez conseguía este viernes desalojar a Rajoy del Palacio de la Moncloa tras obtener en la moción de censura 180 votos a favor y 169 en contra. El nuevo presidente del Gobierno conseguía el apoyo de su partido el PSOE (85), Unidos Podemos (71), ERC (9), PDeCAT (8), PNV (5) y Bildu (2). En contra, votaban el PP (137) y Ciudadanos (32).

Las fuentes consultadas por OKDIARIO consideran que los 17 votos de los independentistas catalanes que han propiciado la investidura de Pedro Sánchez tendrán «un precio». De hecho, el propio Pedro Sánchez durante su discurso en el Congreso de los Diputados apostaba por «el diálogo y la esperanza» ante los diputados catalanes del PDeCAT y ERC.

El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, que mantenía la linea fijada por su antecesor José Manuel Maza frente al desafío soberanista catalán, ha sido cesado automáticamente cesado de su cargo por Ley tras la salida del Gobierno de Mariano Rajoy. Melgar es magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo y fue nombrado el 7 de diciembre tras el fallecimiento de Maza.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal señala que “el mandato del fiscal general del Estado tendrá una duración de cuatro años» y que será relevado «cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto”. 

Melgar ejercerá su cargo en funciones después de que el Ejecutivo de Rajoy cese oficialmente en el BOE. Posteriormente, el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez decidirá sobre su renovación o sustitución. Melgar apenas ha permanecido en el cargo durante 6 meses y si no es reelegido volverá al Supremo. La normativa prevé que el fiscal general del Estado pueda ser renovado en el supuesto de que haya ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años.

Aunque todavía se desconoce la suerte que correrá Melgar, comienzan a sonar sus posibles sustitutos y previsiblemente, se apostará por un fiscal general de tendencia progresista. Entre los posibles candidatos, el que más protagonismo está cobrando en las últimas horas es el actual fiscal del Tribunal Supremo y exfiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. También son posibles candidatos Pedro Crespo, fiscal del Supremo o Álvaro García Ortiz, miembro del Consejo Fiscal en nombre de la Unión Progresista de Fiscales UPF .

Entre las mujeres, suena la actual consejera valenciana de Justicia y exportavoz del CGPJ, Gabriela Bravo o Sofía Puente, miembro del Consejo Fiscal por la UPF.

Julián Sánchez Melgar
La Fiscalía General del Estado con la bandera a media asta por la muerte de José Manuel Maza. (Foto: EFE)

La entrega de Puigdemont en el aire

Mientras tanto, la Fiscalía alemana de Schleswig-Holstein solicitaba este viernes la entrega a España del expresidente catalán Carles Puigdemont por rebelión y malversación de fondos públicos y pide su ingreso en prisión por considerar que persiste riesgo de fuga.

“A pesar de las decisiones parcialmente contrarias del Tribunal Regional de Schleswig-Holstein, la Fiscalía General mantiene su parecer en cuanto a que (Puigdemont) puede ser extraditado tanto por la acusación de rebelión como de malversación de caudales públicos interpuesta por las autoridades españolas”, señalaba el comunicado emitido por la Fiscalía germana.

“El material facilitado a posteriori por las autoridades españolas no es contradictorio, sino que prueba de forma manifiesta la dimensión de los enfrentamientos violentos ocurridos en Cataluña el día del referéndum y que (también) son atribuibles al acusado”, añadía el escrito.

De esta forma, la Fiscalía mantiene su solicitud del reingreso en prisión de Puigdemont para ser extraditado, ya que considera que sigue existiendo riesgo de fuga. Ahora el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein deberá tomar una decisión final al respecto.

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