Casado acusa a Iglesias de justificar la okupación: «Que deje vivir a unos okupas en su jardín»

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, hizo este miércoles apología de la okupación de «casas abandonadas de bancos y entidades» desde su propio escaño en el Congreso de los Diputados. Hoy, el líder del PP, Pablo Casado, ha le ha acusado de «justificar» la ocupación y le ha emplazado a «dejar vivir a unos ‘okupas’ en el jardín de su casa» de Galapagar, donde «no tiene problemas de metros cuadrados».

Casado ha respondido a Iglesias desde el barrio de la Salud de Badalona, tras visitar un bloque de pisos afectado por ocupaciones ilegales acompañado por el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol.

El presidente del PP ha dicho que no se puede «entender» que el vicepresidente segundo del Gobierno «justificara la ocupación» en el Parlamento. «Si justifica la ocupación, que deje vivir en el jardín de su casa a unos okupas. Es una sencilla solución», ha enfatizado, para insistir en que dado que el «el señor Iglesias no tiene problemas de metros cuadrados» debería dejar que «ocupen su vivienda».

Casado ha asegurado que en lo que va de año se han producido 3.700 ocupaciones ilegales, triplicando lo que pasaba en el año 2005, algo que, a su juicio, evidencia que «es un problema que no para de empeorar».

Además, ha recalcado que «no se entiende que no haya un consenso político» sobre este tema, máxime cuando ya estaba en el Código Penal incluso durante el Gobierno socialista de Felipe González». «Todo el mundo entendía que igual que no se puede robar un coche y no se puede robar en el supermercado, no se puede ocupar una vivienda. Y mucho menos de personas que lo hacen simplemente por mafia y enriquecimiento ilícito», ha exclamado.

Dicho esto, ha enumerado las principales medidas de la Ley Integral de ‘Antiokupación’ que ha registrado el PP en el Congreso: desalojo de los ‘okupas’ por las Fuerzas de Seguridad en un máximo de 48 horas; recuperar las penas de prisión de uno a tres años por ocupación ilegal; prohibir los empadronamientos de los ‘okupas’; permitir a las comunidades de propietarios actuar ante la autoridad judicial; o facilitar a las personas jurídicas iniciar también los procedimientos de desalojo.