Carmena excarceló a presos de ETA y los GRAPO «porque el control carcelario es caro»

“Toda mi vida he criticado con mucha firmeza al terrorismo y a ETA”, declaró Manuela Carmena en una entrevista durante la campaña electoral que terminó llevándole a la Alcaldía de Madrid. Lo cierto es que a principios de los 90, la hoy alcaldesa de Madrid fue protagonista de varias polémicas por su comportamiento como jueza de Vigilancia Penitenciaria desde 1989, cargo al que llegó con el objetivo declarado de “vaciar las cárceles” y dejar en ellas solo a los presos que, en su opinión, pudieran ser tratados como la ley exige. “El control carcelario es muy estéril y caro, pero hay otros controles sociales muy importantes, como el barrio, el trabajo, las presentaciones periódicas, las evaluaciones, etcétera”, declaró.

Conforme a su filosofía, Carmena decidió poner en libertad al etarra José Manuel Azcárate en 1992. Estaba condenado a 57 años de prisión. Entre otros delitos, por el secuestro del directivo del Athletic de Bilbao Juan Pedro Guzmán. Carmena se apiadó del terrorista porque padecía varices esofágicas crónicas que le ocasionaban hemorragias internas. En realidad, Azcárate sufría esas varices esofágicas desde los 14 años, lo que no le impidió ingresar en ETA y ser un miembro activo. La excarcelación provocó las protestas del entonces ministro de Justicia. Tomás de la Cuadra-Salcedo llegó a pedir la modificación de la ley para que las eventuales excarcelaciones de terroristas dependieran del Ejecutivo y no de jueces como Manuel Carmena.

“El control carcelario es muy estéril y caro, pero hay otros controles sociales muy importantes, como el barrio, el trabajo, las presentaciones periódicas, las evaluaciones…», defendía Carmena

Carmena se dejó convencer por la buena voluntad del terrorista y le concedió el tercer grado cuando éste manifestó que se arrepentía y que quería desvincularse de la banda. Una semana después, Azcárate ofreció una rueda de prensa para confesar todo lo contrario: que no se arrepentía de sus crímenes y que rechazaba también acogerse a las medidas de reinserción. El ‘enfermo’ incumplió la obligación de comparecer periódicamente ante las autoridades penitenciarias y permaneció fugado durante ocho años (de 2004 al 2012).

La benevolencia de Manuela Carmena alcanzó también a terroristas del GRAPO. Decidió poner en libertad a José Ignacio Cuadra, condenado a 72 años por varios delitos de terrorismo, por padecer una afección renal. Y a Mercedes Herranz, detenida en 1982 tras asesinar con una bomba a un chatarrero, por padecer «esclerosis múltiple con desmielinización del sistema nervioso central».

Asesora sobre las víctimas policiales

Años después, la hoy alcaldesa de Madrid decidió asesorar al Gobierno vasco en 2011 para estudiar la concesión de ayudas a víctimas policiales. Las Víctimas del Terrorismo rechazaron ese informe por considerarlo equidistante con los etarras. Manuela Carmena cobró 6.000 euros brutos al mes del Gobierno vasco.

Por colocar al mismo nivel a las víctimas del terrorismo con las de la supuesta represión policial, la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, aseguró: «Carmena siempre se ha distinguido por inclinar la balanza del lado de los terroristas».

El reparto de las subvenciones

Ya con Manuel Carmena como alcaldesa, el gobierno municipal de Ahora Madrid decidió eliminar de los Presupuestos municipales de 2016 las “subvenciones nominativas” que recibían las víctimas del terrorismo. Recibían 102.000 euros con Ana Botella. Pretendió dejarlas a cero. Sin embargo, tras la polémica, decidió suprimir las ayudas a Covite (la asociación de víctimas del País Vasco), reducir las de la AVT e incrementar la de la Asociación de Afectados del 11-M que preside Pilar Manjón. A día de hoy, las tres asociaciones reciben la misma cantidad: 24.000 euros anuales.