Carmena abre un expediente sancionador a los buses turísticos amarillos por ser ilegales

El Ayuntamiento de Madrid abrió en enero un proceso sancionador a los autobuses turísticos vinilados en color amarillo que recorren las calles de la capital.

El Consistorio de Manuela Carmena tiene una concesión para prestar este servicio en exclusiva. Se trata de la UTE (unión temporal de empresas) Madrid City Tour que están vinilados en rojo. Esta empresa está sufriendo la competencia desleal de otra marca que usa como color distintivo tonos amarillos.

Fuentes del Gobierno local confirman a este periódico que se trata de un expediente que se abrió a comienzos de año y que desde entonces se está haciendo seguimiento. Señalan que la conclusión del proceso se puede prolongar en el tiempo mucho. Hay muchos expedientes abiertos acumulados en el área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible que es el competente en esta materia.

Los autobuses amarillos hacen rutas turísticas regulares, algo que contraviene la normativa local. No pueden realizar estos tour turísticos ya que la exclusiva es de la concesión que ganó la UTE Madrid City Tour.

Por otra parte, los vehículos amarillos hacen publicidad de promociones en el vinilado cuando lo prohíbe expresamente la ordenanza de publicidad exterior. Lo mismo que ha sucedido con el autobús acusado de tránsfobo de la plataforma Hazte Oír. Fuentes de Madrid City Tour explican que el exclusivista de la publicidad se estaba viendo perjudicado.

Desde la compañía afectada defienden sí cumplen escrupulosamente la normativa de Transportes Terrestres. Según su web, tienen una ruta de 90 minutos que surge cada 30 minutos y ofrecen unos precios inferiores que la concesionaria en algunas franjas de edad.

La empresa se agarra a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 1987 en sus artículos 128 al 130. Esta norma estatal recoge que una empresa puede organizar excursiones diarias con itinerarios marcados, mientras cumplan como servicio de hostelería. Tienen que tener un guía y cobrar un 30% más de la tarifa del servicio equivalente a tiempo equivalente. Igualmente, remarcan que en su día comunicaron a la Comunidad de Madrid la actividad que iban a prestar.