Carlos Quero: «Exigir 10 años de padrón como arraigo prioriza al nacional sobre el inmigrante y es legal»

El portavoz de Vivienda de Vox, Carlos H. Quero, ha sido uno de los responsables de que llegara a buen puerto el pacto con el PP en Extremadura, poniendo el foco en la prioridad nacional. El madrileño defiende la legalidad de cada una de las medidas que Vox y PP han pactado y advierte que será lo mínimo que la formación exigirá en el resto de comunidades autónomas. En esta entrevista a OKDIARIO sostiene que «exigir 10 años de padrón como arraigo prioriza al nacional sobre el inmigrante, es legal y moral».

4 medidas y 23 páginas de motivos para que la izquierda rabie y las derechas observen expectantes lo que apunta el futuro en el resto de España: la prioridad nacional en el centro de las políticas, en un ejercicio de funambulismo político que sortea la Ley de Extranjería, de competencia estatal.

Tanto el equipo negociador de PP como el de Vox afirman haberlo logrado en Extremadura: el primer gobierno de coalición autonómico de este nuevo ciclón electoral. La clave, según Quero, está en la figura del empadronamiento para vincular el arraigo a las ayudas públicas. Sin embargo, las medidas han despertado críticas no solo en el PSOE y sus socios, sino también entre algunos barones del PP.

«Estamos en el Gobierno»

PREGUNTA.– ¿Cómo se ha aterrizado todo lo que Vox planteaba y que ha dado como resultado este pacto? Están en el gobierno, lo que otros dudaban… 

RESPUESTA.– Una vicepresidencia, dos consejerías y muchas de las ideas de Vox en el gobierno. Algunos rabian y otros están expectantes, pero los que seguro que están contentos son cientos de miles de extremeños que van a ver cómo, por primera vez, habrá prioridad nacional en el acceso a vivienda protegida, alquiler social y ayudas a prestaciones básicas.

Todo aquello que se decía que no se podía hacer, se ha podido, como dar prioridad al nacional. El pago diferido de impuestos, también. El mensaje es claro: nunca más aceptar el ‘no se puede’ o el ‘es ilegal’. No es ilegal, lo es solo para Pedro Sánchez.

Con trabajo técnico y estudio, dentro del marco jurídico actual, se pueden hacer muchas cosas que la izquierda decía que no, y que el Partido Popular aceptaba sin cuestionar.

P.– Antes de entrar en medidas concretas y en la prioridad nacional, acláreme la desregulación en la Consejería de Servicios Sociales y Familia. ¿Qué significa?

R.– Desregulación significa que los sectores productivos de Extremadura están paralizados por exceso de burocracia. Hemos trabajado para ver cómo acelerar la construcción, la implantación industrial y reducir normativas que generan cuellos de botella.

Menos burocracia implica más contratación, más actividad y más consumo. Queremos una Extremadura con industria, energía, campo eficiente y oportunidades, donde los jóvenes no tengan que emigrar.

Para eso hay que simplificar la administración, hacerla más pequeña y eficiente, aplicar el silencio administrativo positivo y la declaración responsable como vía habitual.

Todo sobre prioridad nacional

P.– ¿Ha sido la prioridad nacional el punto clave que ha alargado las negociaciones?

R.– Es una de nuestras principales banderas, porque también lo es en los hogares españoles. No se entiende que los españoles no tengan prioridad en ayudas o vivienda. Hemos llevado esa demanda social a la negociación. Es una medida firmada por el PP y Vox y ya es política del Gobierno de Extremadura.

P.– Explíquenos cómo funcionará en la práctica mientras no se modifique la Ley de Extranjería.

R.– En vivienda protegida existe un registro de demandantes. Para acceder hay requisitos, que eran muy laxos. Nosotros exigimos un mínimo de 10 años de empadronamiento en España o Extremadura, porque demuestra arraigo.

Luego se aplican criterios de puntuación: juventud, renta, primera emancipación, aumento de familia… y también arraigo: tiempo empadronado, familia en la región, estudios, trayectoria laboral. Todo eso demuestra vinculación real. Es una forma de primar al nacional y evitar que el español quede el último.

El objetivo de una política de vivienda es arraigar. No entendemos cómo, si ese es el objetivo, nunca se habían tenido en cuenta criterios de arraigo para la vivienda protegida. En muchos lugares se daban puntos al desarraigo o exclusivamente a la renta. Nosotros manejamos variables de renta y socioeconómicas, pero también incluimos las que tienen que ver con el arraigo.

P.– También plantean una Oficina Antifraude del Padrón.

R.– Sí. El empadronamiento fraudulento permite acceder a ayudas. Crear esta unidad permitirá ahorrar dinero público y evitar que se concedan ayudas a quien no corresponde.

P.–  ¿Y el bloqueo a los okupas?

R.– Si alguien ha sido condenado por usurpación o allanamiento en los últimos cinco años, no podrá inscribirse como demandante de una vivienda. Es sentido común: penalizar la delincuencia.

P.– Se pone en duda la legalidad de algunas medidas por parte de otras comunidades autónomas, como ha señalado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

R.– Los 10 años de empadronamiento ya existen en la Comunidad de Madrid. No son ilegales. Otra cosa son los criterios de baremación.

P.– ¿A qué se debe la polémica?

R.– No es entre comunidades, sino dentro del Partido Popular. Ha habido sectores que no querían acuerdo. Ahora dicen que es ilegal algo que su propio partido ha firmado. ¿Qué es ilegal?

Nosotros queremos dar una prima a quien tiene arraigo. Quien esté en contra debería explicar por qué prefiere priorizar a alguien recién llegado frente a quien lleva toda la vida aquí. Me parece tan rimbombante y abracadabrante ese planteamiento que habrá que explicarlo.

Fin a las subvenciones a las ONGs

P.– ¿Y qué pasa con las subvenciones? Si una ONG de la Iglesia colabora con la inmigración ilegal, ¿también dejará de recibir ayudas?

R.– Resulta increíble que haya que explicar que con dinero público no se va a financiar una ilegalidad. Es ilegal e inmoral destinar recursos a inmigración irregular, no a la prioridad nacional.

Lo que sí es ilegal es tener aquí a inmigrantes irregulares con orden de expulsión y no expulsarlos. Estamos hablando de dinero que cuesta ganar a los españoles y que acaba en ayudas que no llegan a ellos. No solo es ilegal, también es inmoral. En estos casos no habrá ayudas.

No más centro de menas

P.– Sobre menores no acompañados. En Extremadura hay unos 100 menas, pero el Gobierno planteó el reparto de unos 159 más. De hecho, el alcalde socialista de Mérida, el señor Rodríguez Osuna, ofreció la ciudad para construir un centro de menas. Ustedes en el pacto se comprometen a ni un centro ni un mena más.

R.– No se construirán nuevos centros, no se ampliarán plazas ni se aceptarán más repartos.

P.– ¿Y sobre el régimen disciplinario en estos centros? ¿Se acabaron las fiestas, no cumplir los horarios, etc.?

R.– Se acabó la idea de permanencia indefinida. El objetivo es que los menores estén con sus padres y vuelvan con ellos cuanto antes.

P.– También plantean la prohibición del burka y el niqab y el fin de programas culturales.

R.– Si se pregunta a la gente, dirá: ‘¿Qué disparate es este?’. Es sentido común. No tiene sentido financiar con dinero público programas culturales extranjeros sin reciprocidad. ¿Acaso la hay en los países de origen?

P.– En agricultura, hablan de prioridad nacional en los productos con un etiquetado claro. Lo mismo que en los centros educativos.

R.– Estamos siempre con la matraca del comercio de proximidad y, cuando se impulsa, se critica. No tiene sentido importar productos que se producen aquí. Además, acuerdos como Mercosur perjudican al campo español con competencia desleal. Proponemos compensaciones económicas y apoyo al producto local.

Pactos y plazos

P.– Salieron de gobiernos por incumplir, según decían, los acuerdos por parte del PP, que a su vez justificaba que lo que pedían en materia de inmigración no era legal. Ahora vuelven con un pacto. 

R.– Lo que pasó no volverá a pasar.

P.– ¿Y si no se cumplen los plazos?

R.– Cuando le doy la mano a alguien, no pienso que me va a apuñalar al darme la vuelta.

P.– Pero ¿y si no se cumplen?

R.– Los plazos no son una amenaza entre socios, son una garantía pública de cumplimiento.

P.– ¿El pacto de Extremadura marca mínimos para futuros pactos?

R.– Vox en Extremadura sacó la menor representación, si se compara con Aragón y Castilla y León. Por lo que sí, este es el suelo de los acuerdos.

P.– ¿Comienza una nueva etapa política en España en las derechas desde Extremadura, que desalojen a Pedro Sánchez de la Moncloa?

R.– En Extremadura se empiezan a hacer cosas que se decía que no se podían hacer. Es un ejemplo de que con Vox en el gobierno sí se puede, frente al derrotismo con el que la derecha ha actuado habitualmente en España.