España
Ley de Amnistía

Puigdemont carga contra los jueces tras no aplicarle la amnistía: «La Toga Nostra»

El juez del Supremo ha decidido también mantener la orden de detención que pesa sobre él

El ex presidente fugado de la Generalitat Carles Puigdemont ha arremetido contra los jueces después de que el Tribunal Supremo haya decidido no aplicarle la Ley de Amnistía y mantener la orden nacional de detención que pesa sobre ellos. «La Toga Nostra», ha asegurado el líder de Junts en las redes sociales tras conocerse esta decisión. El juez del Supremo Pablo Llarena ha rechazado perdonar el delito de malversación. El magistrado tampoco ha aplicado la amnistía a los ex consejeros del Govern Toni Comín y Luis Puig. Ambos dirigente separatistas también cuentan con órdenes de detención, que se mantendrán vigentes por el momento.

Además, la Sala de lo Penal tampoco aplica la amnistía a los líderes independentistas condenados a penas de inhabilitación por el procés, entre ellos, al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. El Tribunal Supremo, además, ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad sobre si debe aplicar la amnistía en los delitos de desobediencia y la magistrada Ana Ferrer ha emitido un voto particular discrepante con excluir de la amnistía el delito de malversación y apoya plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

«Creemos que es una falta de respecto hacia la democracia, hacia la separación de poderes, hacia la ciudadanía en general, pero éramos muy conscientes de que sería una práctica que nos encontraríamos», ha enfatizado la portavoz de ERC, Raquel Sans, este lunes en una rueda de prensa desde la sede de la formación separatista tras conocer la decisión judicial.

Sanz ha señalado que el rechazo a la amnistía «no es ninguna sorpresa», al tiempo que ha acusado a los jueces de «hacer política y no impartir justicia». «La Ley de Amnistía se aprobó democráticamente y al final los jueces la deberán aplicar», ha remarcado la portavoz de ERC.

Obtuvieron un beneficio personal

El juez Pablo Llarena ha dictado un auto de 46 páginas en el que defiende que no se considera aplicable la amnistía a Carles Puigdemont y al resto de dirigentes separatistas condenados por malversación por el 1-O. El magistrado sostiene que los líderes del procés malversaron fondos públicos de la Generalitat en beneficio personal y afectaron a los intereses económicos de la Unión Europea. Estas dos excepciones eran las que preveía la Ley de Amnistía pactada por Pedro Sánchez con el independentismo.

A su jucio, este supuesto excepcional es plenamente observable en los comportamientos atribuidos a los procesados Carles Puigdemont en su condición de ser entonces presidente de la Generalitat y a Toni Comín y Lluís Puig como consejeros de Salud y Cultura respectivamente. Según  Llarena, los hechos que se les atribuyen reflejan que los encausados tenían la disponibilidad de los fondos públicos confiados al Gobierno de la Generalitat de Cataluña y que la utilizaron para hacer frente a los costes inherentes al referéndum ilegal que ellos mismos quisieron impulsar.

«Fueron ellos quienes concibieron el plan para lograr la independencia de Cataluña y adoptaron un acuerdo de gobierno que firmaron todos ellos para asumir determinadas facturas desde sus departamentos. Consecuentemente, los actos de disposición del patrimonio de la Administración estuvieron radicalmente vinculados a un beneficio personal y tuvieron un marcado carácter patrimonial, habiendo permitido que los encausados obtuvieran determinados bienes y servicios sin disminución de su peculio o patrimonio», indica el auto consultado por OKDIARIO.

El magistrado considera que «fueron ellos y no terceros encausados en otros procedimientos penales, quienes impulsaron el referéndum sobre la independencia de Cataluña y fueron ellos quienes, además, endosaron sus gastos a la Administración Autonómica, sin que la iniciativa respondiera a la satisfacción de ningún interés público». «Y lo hicieron aprovechando sus responsabilidades en la Generalitat de Cataluña, no para proporcionar enriquecimiento a otras personas, sino para no tener que atender ellos el coste inherente a sus iniciativas personales, una vez que el Tribunal Constitucional había declarado nulas las previsiones presupuestarias sobre el referéndum ilegal», apostilla.

El juez del Supremo defiende que no se debe aplicar la Ley de Amnistía porque los procesados «decidieron cargar a los fondos públicos aportados por los contribuyentes, el coste de unas iniciativas o apetencias personales que ellos mismos dirigían y desplegaron, siendo irrelevante que fueran compartidas por otros ciudadanos o que los gastos endosados derivaran de acciones de militancia política, cultural, deportiva, religiosa o, incluso de un disfrute personal o familiar».