El calvario de Mari Carmen, víctima de unos okupas marroquíes: «Me amenazaron con partirme las piernas»

En el corazón de Alcorcón, municipio madrileño, se desarrolla un drama que refleja una realidad cada vez más frecuente en España: la okupación ilegal de viviendas y las complejas barreras legales que enfrentan los propietarios para recuperar sus inmuebles.

Mari Carmen, propietaria de un piso en la calle Espada 5, lleva dos años inmersa en una batalla legal y emocional por recuperar su vivienda, actualmente ocupada por inquilinos que dejaron de pagar el alquiler. En estos dos años, la dueña del piso confiesa a OKDIARIO que ha perdido 15.600 euros por culpa de una familia marroquí que lleva todo ese tiempo sin pagarle un euro del alquiler y que, además, la amenazó con «partirle las piernas» si les denunciaba.

Mari Carmen, la propietaria legítima del inmueble, ha revelado el calvario que ha vivido desde que Jawad el Gamrani y su familia se instalaron en su piso 4ºB. Lo que comenzó como un alquiler regular de 650 euros mensuales, se convirtió en una pesadilla cuando el inquilino dejó de pagar y, sin autorización, trasladó a su familia desde Marruecos. La situación se ha agravado con amenazas directas hacia la propietaria. Uno de los hijos de Jawad llegó a advertirle, mediante una llamada con número oculto, que le «partiría las piernas» si la veía por Alcorcón, lo que ha provocado que Mari Carmen tema regresar a la zona.

La situación comenzó cuando Jawad el Gamrani, quien inicialmente alquiló el piso en solitario por 650 euros mensuales, dejó de cumplir con sus obligaciones contractuales. Posteriormente, según relata Mari Carmen, el inquilino trajo a su familia desde Marruecos sin autorización, modificando sustancialmente las condiciones acordadas en el contrato de arrendamiento. «La gente piensa que soy millonaria, pero soy una persona trabajadora que debe seguir pagando la hipoteca, el IBI y todos los gastos del piso», explica Mari Carmen, visiblemente afectada por una situación que la ha llevado a sufrir un cuadro depresivo. «Cada mes que pasa es una nueva carga económica que debo asumir, mientras mi propiedad está en manos ajenas. La ley les protege».

El proceso judicial, iniciado en 2023, se ha visto paralizado por las protecciones establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020, implementado durante la pandemia del COVID-19. El inquilino, que según la propietaria no se presentó al juicio, posteriormente alegó encontrarse en situación de vulnerabilidad social con un tercer hijo, lo que ha detenido el proceso de desahucio.

El caso de Mari Carmen ha puesto de manifiesto el clima de tensión que se vive en este barrio de Alcorcón. Durante nuestra investigación periodística, pudimos constatar la resistencia de los vecinos a hablar abiertamente sobre la situación. Una residente, que prefirió mantener el anonimato, confirmó la existencia de otros casos similares en la zona, aunque el miedo a represalias mantiene a la comunidad en silencio.

Agresión a huevazos a OKDIARIO

La hostilidad hacia la presencia de la prensa se manifestó durante nuestra visita al barrio, cuando nuestro equipo de investigación fue recibido con el lanzamiento de huevos desde algunas ventanas, un intento de intimidación que refleja el ambiente enrarecido que se vive en la zona.

Una vecina cubana del segundo piso, que accedió a hablar bajo condición de anonimato, estableció un inquietante paralelismo: «La propiedad privada se debe respetar. Vengo de Cuba y veo preocupantes similitudes en cómo se está desarrollando la situación en España». Su testimonio subraya la creciente preocupación por el equilibrio entre los derechos de los propietarios y la protección social a familias vulnerables.

El caso ejemplifica las contradicciones del sistema actual: mientras las autoridades buscan proteger a familias en situación de vulnerabilidad, propietarios como Mari Carmen se encuentran atrapados en un limbo legal y económico. La propietaria asegura que el inquilino trabaja en la economía sumergida, lo que complica aún más la situación al dificultar la verificación de su verdadera situación económica.

«Cada día que pasa veo más lejana la posibilidad de recuperar mi propiedad», confiesa Mari Carmen, cuya situación representa un creciente problema social que requiere una respuesta equilibrada por parte de las autoridades. Su caso pone de manifiesto la necesidad de revisar la legislación actual para encontrar un equilibrio entre la protección social y los derechos de los propietarios.

Mientras tanto, en la calle Espada de Alcorcón, la omertà (la Ley del Silencio) y el miedo continúan dominando un vecindario donde la okupación ilegal ha alterado profundamente la convivencia vecinal, dejando a propietarios como Mari Carmen en una situación de desamparo legal y emocional.